Opinión Juan Gabriel González Cruz
Juicio sumario y daño moral en torno a la agresión en Metepec.
Víctima ratificó su denuncia hace unas horas, no quiere conciliación.
Priistas callan ante abusos y violencia contra propias compañeras.
Juicio sumario y daño moral en torno a la agresión en Metepec.
Víctima ratificó su denuncia hace unas horas, no quiere conciliación.
Priistas callan ante abusos y violencia contra propias compañeras.
La tarde de este domingo 24 de abril María Luisa “N” fue atendida en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Se trata de la mujer, guardia de seguridad del Fraccionamiento San Carlos de Metepec, que fue agredida física, verbal y emocionalmente el viernes pasado por una residente identificada como Patricia “W” y cuyas imágenes se volvieron virales en las redes sociales y medios de comunicación, al grado del repudio, el linchamiento colectivo y juicio sumario sobre quien fue bautizada como #LadyGargajo, pues la agresora remató su ira con una bofetada y tres escupitajos sobre la vigilante.
Tal y como lo adelanté el sábado en la mañana, María Luisa inició una denuncia de forma digital en la FGJEM con el expediente PREDENUNCIA/WEB/0286883/22/04 por los delitos de “lesiones, discriminación, peligro de contagio, tráfico de influencias, oposición a trabajos públicos y lo que resulte”.
Hace unas horas María Luisa se presentó acompañada de sus abogados en las instalaciones del Ministerio Público para ratificar la querella y para solicitar “medidas de seguridad”, pues teme por su integridad y la de su familia.
Las autoridades estatales y municipales han tomado el caso con mucha ligereza, pisando de puntitas como si estuvieran haciendo un cálculo político antes que una obligada actuación para solucionar el conflicto. La Fiscalía General de Justicia entró –como ya es su costumbre- tarde a la escena; tanto que la tarde del sábado se comunicaron con este periodista para preguntarle los pormenores de la denuncia, ya que ellos no tenían nada registrado: “fue por internet y en calidad de PRE-DENUNCIA”, les expuse.
Media hora después Comunicación Social de la FGJEM emitió un escueto comunicado para informar que “inició una carpeta de investigación por denuncia de hechos” y destacó que realizará las indagatorias para determinar la probable participación de la imputada en algún hecho delictivo.
El mismo sábado, algunos hacendosos comunicadores institucionales me hicieron llegar el mensaje que la acusada difundió en los grupos de WhatsApp del fraccionamiento para dar a conocer su postura. Por supuesto corroboré con varios de los colonos la autenticidad del texto y me lo confirmaron. Sin embargo, consideré que exponer esa versión de la contraparte no abonaría más que seguir exponiéndose al escarnio. Se trataba de una pésima asesoría que lejos de ayudarle la llevaría a un mayúsculo problema legal y enjuiciamiento público.
Fuentes de la empresa de seguridad privada a la que pertenece María Luisa me indicaron lo siguiente: “La guardia del Fraccionamiento San Carlos cumplió con los protocolos establecidos en su trabajo, y aunque estuvo a punto de responder la agresión… no lo hizo, se contuvo. Aquí les enseñamos a soportar, a tolerar, a llevar al límite su paciencia y si pueden a tratar de mediar”.
Algo que debemos destacar es que la representación de colonos y la mayoría de residentes de este fraccionamiento de alta plusvalía mostró su indignación por todo el contexto, no sólo por el video y los resultados legales.
El motivo por el cual se generó la afrenta es lo de menos. A estas alturas lamentablemente ya hay un daño moral irreparable sobre quien perdió el control y la molestia legal de quien resultó sobajada.
Hay políticos, autoridades y un sector social que propone un arreglo vía conciliación y diálogo entre las partes, pero la víctima no tiene este escenario en mente dado que, así como la parte denunciada quedó exhibida por su desmedido coraje, la parte afectada también fue expuesta por no poder responder cuando lastimaron su pudor, honor e integridad como mujer y trabajadora.
Pregunta: ¿si a usted amable lector lo hubieran denigrado, discriminado, golpeado y escupido, llegaría una la conciliación?
CANCIÓN, DICHO O REFRÁN
¿Y las de casa?...
A propósito. Así como ha desligado a su Colectivo 50+1 de la mujer agresora de San Carlos en aras de sacudirse cualquier repercusión política, la diputada federal del PRI Ana Lilia Herrera Anzaldo también debe pronunciarse sobre los dos casos de “discriminación, agresión y violencia política en razón de género” que sacudieron a su partido estatal, el PRI, el pasado fin de semana. No hemos visto manifestación alguna de Herrera Anzaldo sobre Dalia Torres Vizuett, quien fue despedida como Subsecretaria de lo Contencioso del Comité Directivo Estatal “por su corte de cabello, sus tatuajes y porque es mujer”, según lo denunció la propia víctima en redes sociales; tampoco hemos sabido la postura de Ana Lilia en torno a la denuncia penal que la ex regidora Irma Lorena López Roa interpuso en contra del actual subdirector de Servicios Generales del Ayuntamiento de Tlalnepantla y militante priista, Luis Suárez Aguilar, a quien acusa de violencia de género. Acuérdenle a Ana Lilia Herrera que es seria aspirante a gobernadora mexiquense y la mejor forma de representar al sector femenino en el ámbito político y de la función pública es señalar los abusos en su propio partido. ¿O aquí no diputada?
#LordNevado al olvido…
Hablando de Ladies y Lords. ¿Se acuerdan de Daniel Mendoza, quien fue cesado como funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México en febrero del 2020, por armar una fiesta en la zona restringida del Xinantécatl, Nevado de Toluca? Tras el escándalo y la exhibición pública, Daniel fue destituido de la policía mexiquense y dejó de ser el asistente del subsecretario de seguridad, Sergio Hernando Chávez García; pero no fue desplazado del todo en el gobierno mexiquense, pues gracias a sus relaciones pudo colocarse más tarde en una secretaría del gabinete estatal. Quienes lo conocen afirman que el llamado #LordNevado goza del mismo poder que tenía en la Secretaría de Seguridad; incluso se dio el lujo de “echar la casa por la ventana” en su reciente enlace matrimonial, sólo que esta vez no hizo la fiesta en un lago, montaña o inmueble de reserva natural protegida o patrimonio cultural, aprendió la lección de su bochornosa pachanga en las alturas del Xinantécatl y todo quedó en una anécdota que la opinión pública ya olvidó.
Tal y como lo adelanté el sábado en la mañana, María Luisa inició una denuncia de forma digital en la FGJEM con el expediente PREDENUNCIA/WEB/0286883/22/04 por los delitos de “lesiones, discriminación, peligro de contagio, tráfico de influencias, oposición a trabajos públicos y lo que resulte”.
Hace unas horas María Luisa se presentó acompañada de sus abogados en las instalaciones del Ministerio Público para ratificar la querella y para solicitar “medidas de seguridad”, pues teme por su integridad y la de su familia.
Las autoridades estatales y municipales han tomado el caso con mucha ligereza, pisando de puntitas como si estuvieran haciendo un cálculo político antes que una obligada actuación para solucionar el conflicto. La Fiscalía General de Justicia entró –como ya es su costumbre- tarde a la escena; tanto que la tarde del sábado se comunicaron con este periodista para preguntarle los pormenores de la denuncia, ya que ellos no tenían nada registrado: “fue por internet y en calidad de PRE-DENUNCIA”, les expuse.
Media hora después Comunicación Social de la FGJEM emitió un escueto comunicado para informar que “inició una carpeta de investigación por denuncia de hechos” y destacó que realizará las indagatorias para determinar la probable participación de la imputada en algún hecho delictivo.
El mismo sábado, algunos hacendosos comunicadores institucionales me hicieron llegar el mensaje que la acusada difundió en los grupos de WhatsApp del fraccionamiento para dar a conocer su postura. Por supuesto corroboré con varios de los colonos la autenticidad del texto y me lo confirmaron. Sin embargo, consideré que exponer esa versión de la contraparte no abonaría más que seguir exponiéndose al escarnio. Se trataba de una pésima asesoría que lejos de ayudarle la llevaría a un mayúsculo problema legal y enjuiciamiento público.
Fuentes de la empresa de seguridad privada a la que pertenece María Luisa me indicaron lo siguiente: “La guardia del Fraccionamiento San Carlos cumplió con los protocolos establecidos en su trabajo, y aunque estuvo a punto de responder la agresión… no lo hizo, se contuvo. Aquí les enseñamos a soportar, a tolerar, a llevar al límite su paciencia y si pueden a tratar de mediar”.
Algo que debemos destacar es que la representación de colonos y la mayoría de residentes de este fraccionamiento de alta plusvalía mostró su indignación por todo el contexto, no sólo por el video y los resultados legales.
El motivo por el cual se generó la afrenta es lo de menos. A estas alturas lamentablemente ya hay un daño moral irreparable sobre quien perdió el control y la molestia legal de quien resultó sobajada.
Hay políticos, autoridades y un sector social que propone un arreglo vía conciliación y diálogo entre las partes, pero la víctima no tiene este escenario en mente dado que, así como la parte denunciada quedó exhibida por su desmedido coraje, la parte afectada también fue expuesta por no poder responder cuando lastimaron su pudor, honor e integridad como mujer y trabajadora.
Pregunta: ¿si a usted amable lector lo hubieran denigrado, discriminado, golpeado y escupido, llegaría una la conciliación?
CANCIÓN, DICHO O REFRÁN
¿Y las de casa?...
A propósito. Así como ha desligado a su Colectivo 50+1 de la mujer agresora de San Carlos en aras de sacudirse cualquier repercusión política, la diputada federal del PRI Ana Lilia Herrera Anzaldo también debe pronunciarse sobre los dos casos de “discriminación, agresión y violencia política en razón de género” que sacudieron a su partido estatal, el PRI, el pasado fin de semana. No hemos visto manifestación alguna de Herrera Anzaldo sobre Dalia Torres Vizuett, quien fue despedida como Subsecretaria de lo Contencioso del Comité Directivo Estatal “por su corte de cabello, sus tatuajes y porque es mujer”, según lo denunció la propia víctima en redes sociales; tampoco hemos sabido la postura de Ana Lilia en torno a la denuncia penal que la ex regidora Irma Lorena López Roa interpuso en contra del actual subdirector de Servicios Generales del Ayuntamiento de Tlalnepantla y militante priista, Luis Suárez Aguilar, a quien acusa de violencia de género. Acuérdenle a Ana Lilia Herrera que es seria aspirante a gobernadora mexiquense y la mejor forma de representar al sector femenino en el ámbito político y de la función pública es señalar los abusos en su propio partido. ¿O aquí no diputada?
#LordNevado al olvido…
Hablando de Ladies y Lords. ¿Se acuerdan de Daniel Mendoza, quien fue cesado como funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México en febrero del 2020, por armar una fiesta en la zona restringida del Xinantécatl, Nevado de Toluca? Tras el escándalo y la exhibición pública, Daniel fue destituido de la policía mexiquense y dejó de ser el asistente del subsecretario de seguridad, Sergio Hernando Chávez García; pero no fue desplazado del todo en el gobierno mexiquense, pues gracias a sus relaciones pudo colocarse más tarde en una secretaría del gabinete estatal. Quienes lo conocen afirman que el llamado #LordNevado goza del mismo poder que tenía en la Secretaría de Seguridad; incluso se dio el lujo de “echar la casa por la ventana” en su reciente enlace matrimonial, sólo que esta vez no hizo la fiesta en un lago, montaña o inmueble de reserva natural protegida o patrimonio cultural, aprendió la lección de su bochornosa pachanga en las alturas del Xinantécatl y todo quedó en una anécdota que la opinión pública ya olvidó.
