Esta es una semana de reuniones entre los presidentes de los 3 países de América del Norte en México, por lo que buena parte del interés periodístico se centra fundamentalmente en los dichos, los hechos, los gestos y las declaraciones hechas por cada una de las partes, sobre una variedad de temas que nos hablan de lo obvio, el nivel de integración económica y social que existe en la región.
Una agenda muy nutrida que va desde aspectos relacionados con la seguridad regional, mediáticamente focalizada en el incremento del comercio del fentanilo desde México, hasta la agenda medioambiental y el seguimiento a los compromisos establecidos para alcanzar las metas al 2030.
Uno de los temas de la agenda que más interés ha despertado en el ámbito económico, es la discusión de algunos aspectos que impactarán el mercado laboral en América del Norte pero cuyas repercusiones afectarán, como es de esperarse, a todo el continente, hablamos de la política migratoria norteamericana que fue la única decisión (y resultado) pragmático y de corto plazo que se tomó en la Cumbre de Líderes de América del Norte.
Previo a su visita oficial, el Presidente Biden tomó la decisión de modificar una polémica orden de salud pública emitida por los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) que, en aras de detener y controlar la propagación del Coronavirus en ese país desde marzo del 2020, establecía una serie de restricciones a la migración a partir de las cuales se prohíbe la entrada de personas que “potencialmente representan un riesgo a la salud pública”, dicha orden es aplicable para aquellas que llegasen a territorio norteamericano desde un territorio o nación con alertas o restricciones de viaje previamente anunciadas o bien, que “aquellos que ingresan de forma ilegal al país” a fin de eludir las medidas de detección médica en los puntos de revisión.
Dicha ordenanza, conocida como el Titulo 42, ha sido utilizada reiteradamente como una medida de control migratorio en los Estados Unidos, ya que faculta a los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras a llevar a cabo un proceso de expulsión acelerada a México o al país de origen, principalmente a los migrantes detenidos que ingresan de forma ilegal a aquel país.
Al amparo de dicha media, solo entre el 2020 y el 2021 se habían deportado más de 1.1 millones de personas, hasta que algunos alcaldes y gobernadores de México se negaron a seguir recibiendo migrantes deportados, principalmente con familias, debido a la falta de infraestructura y recursos para su sostenimiento.
Esta medida, desde su implementación, fue considerada, principalmente por los congresistas demócratas como inconstitucional, por lo que se esperaba que al llegar a la Casa Blanca la administración Biden-Harris, se eliminaría o sería sustituida por una estrategia mucho menos controversial, sin embargo, debido en parte a la fuerte presión judicial de congresistas y gobernadores republicanos, no sólo se mantiene más vigente que nunca, sino que, se ha ampliado el plazo de duración y se han incorporado nuevos países en la lista de aplicación, como el caso de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba, al mismo tiempo que se endurece la restricción, al incorporar una cláusula de prohibición de reingreso de 5 años.
¿Y por que decimos que está medida tendrá repercusiones en el mercado laboral de todo el continente?, porqué si bien se mantiene la aplicación del Titulo 42 en Estados Unidos, también se habla del otorgamiento de 20 mil visas temporales de trabajo que claramente son insuficientes para absorber la oferta de mano de obra de millones de migrantes que o permanecen distribuidos a lo largo de nuestro país o se encuentran en proceso de transito en busca del sueño americano.
El modelo canadiense de otorgamiento de visas temporales de trabajo, bajo un procedimiento mucho más ágil y que permite conectar la demanda y la oferta de trabajo por vías institucionales es un claro ejemplo de una estrategia mejor planteada para cubrir los déficits laborales en su territorio, sin embargo, el proceso de simulación de los gobiernos norteamericanos, que discursivamente (y electoralmente) mantienen cerradas las fronteras, sin plantear procesos mucho más ordenados y expeditos para mejorar el funcionamiento de sus economías, podría contribuir al proceso de recesión y contracción de su economía en los próximos meses.
Aunado a una política monetaria de tasas elevadas, que han encarecido el costo de la vida y la producción de millones de empresas en Estados Unidos, debido a su dependencia al crédito para financiar sus operaciones diarias, se suma la escasez de fuerza de trabajo en sectores tan importantes como el metal mecánico, el sector agrícola, el automotriz, el minero o el sector servicios en su conjunto y ello contribuye al incremento salarial que tanto defienden los sindicatos de aquel país, al saturarse los mercados con fuerza laboral regulada y extranjera, las tasas salariales tienden a disminuir y por ende afectan el poder adquisitivo de los trabajadores nacionales.
Lo anterior, no sólo no resuelve el problema del incremento de la migración irregular, desafortunadamente coloca incentivos perversos para que aquellas empresas, de todos los tamaños, regiones y actividades, sigan absorbiendo fuerza de trabajo irregular pero a costos más bajos que la fuerza de trabajo local o regulada, lo que les permite maximizar sus beneficios, estos incentivos son profundamente perjudiciales para los trabajadores migrantes que ven mermados sus derechos y muy acotada la estrategia de defensa de los mismos dada su situación jurídica.
A pesar de ello, la brecha de expectativa de ganancia o la diferencia de los ingresos promedio mensuales de un trabajador irregular en Estados Unidos versus los ingresos promedio obtenido en el país de origen, sigue siendo muy amplia y ello compensa, en la lógica del individuo, los riesgos y costos en los que incurre al intentar, en su inmensa mayoría, más de una vez cruzar la frontera de forma irregular una y otra vez.
Para poder dimensionar dicha diferencia, mientras un jornalero agrícola ilegal en Estados Unidos obtiene un ingreso mensual de entre 1,504 a 3,842 dólares mensuales de acuerdo con estimaciones del World Socialist Web Site (Entre 29,328 a 74,919 pesos mensuales a un tipo de cambio de 19.50 pesos por dólar), en Centro y Sudamérica, el ingreso promedio mensual para una actividad similar es de apenas 350 dólares mensuales. Quizá esa sea la principal razón por la cuál asumen el costo económico, social, familiar e individual de emprender su travesía y resistir tantas amenazas a su paso hasta lograr cruzar, incluso a pesar de saber qué al entrar de forma legal, podrían obtener un ingreso 15% superior y con la protección legal de las instituciones del Estado.
En cierto sentido, el Presidente López Obrador acierta al señalar que las causas de la migración ilegal son de carácter económico (pobreza, falta de empleo, bajos salarios, escasez de bienes, pauperización de los servicios, inseguridad, etc.), pero la propuesta de solución sigue siendo muy acotada, pensar que basta una transferencia de recursos de Estados Unidos a la región, especialmente para financiar los Programas sociales obradoristas, será suficiente para detener los desplazamientos de cientos de miles de migrantes al año, es no entender la naturaleza del problema, ya que, en no pocos casos, se debería hablar de la demolición de las instituciones públicas y políticas y la sustitución total de las clases gobernantes para iniciar la titánica tarea de reconstrucción desde sus cimientos.
El sueño de Bolívar de una América unida, sigue siendo hasta nuestros días sólo eso, un sueño, la idea de una integración con nuestros vecinos del sur es prácticamente impensable, no sólo debido a sus enormes fragilidades y asimetrías, sino a la propia disposición y proyecto de nación que cada territorio tiene, si no podemos ponernos de acuerdo en el significado del ejercicio democrático en nuestro propio continente, imagínese discutir sobre cuestiones como el manejo financiero y de los propios recursos o la imposición de una sola moneda y las relaciones comerciales hacia el exterior, es por ello que, al final de los trabajos de reuniones como las celebradas esta semana, es difícil no quedarse con la sensación de que no sirven para mucho, ¿o usted que piensa?.
Cynthia Valeriano López
Catedrática del Tec de Monterrey, Campus Toluca
cvaleriano@tec.mx
#AnálisisEconómico #Educación #Finanzas #Economía #Negocios #Opinión #OscarGlenn
Una agenda muy nutrida que va desde aspectos relacionados con la seguridad regional, mediáticamente focalizada en el incremento del comercio del fentanilo desde México, hasta la agenda medioambiental y el seguimiento a los compromisos establecidos para alcanzar las metas al 2030.
Uno de los temas de la agenda que más interés ha despertado en el ámbito económico, es la discusión de algunos aspectos que impactarán el mercado laboral en América del Norte pero cuyas repercusiones afectarán, como es de esperarse, a todo el continente, hablamos de la política migratoria norteamericana que fue la única decisión (y resultado) pragmático y de corto plazo que se tomó en la Cumbre de Líderes de América del Norte.
Previo a su visita oficial, el Presidente Biden tomó la decisión de modificar una polémica orden de salud pública emitida por los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) que, en aras de detener y controlar la propagación del Coronavirus en ese país desde marzo del 2020, establecía una serie de restricciones a la migración a partir de las cuales se prohíbe la entrada de personas que “potencialmente representan un riesgo a la salud pública”, dicha orden es aplicable para aquellas que llegasen a territorio norteamericano desde un territorio o nación con alertas o restricciones de viaje previamente anunciadas o bien, que “aquellos que ingresan de forma ilegal al país” a fin de eludir las medidas de detección médica en los puntos de revisión.
Dicha ordenanza, conocida como el Titulo 42, ha sido utilizada reiteradamente como una medida de control migratorio en los Estados Unidos, ya que faculta a los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras a llevar a cabo un proceso de expulsión acelerada a México o al país de origen, principalmente a los migrantes detenidos que ingresan de forma ilegal a aquel país.
Al amparo de dicha media, solo entre el 2020 y el 2021 se habían deportado más de 1.1 millones de personas, hasta que algunos alcaldes y gobernadores de México se negaron a seguir recibiendo migrantes deportados, principalmente con familias, debido a la falta de infraestructura y recursos para su sostenimiento.
Esta medida, desde su implementación, fue considerada, principalmente por los congresistas demócratas como inconstitucional, por lo que se esperaba que al llegar a la Casa Blanca la administración Biden-Harris, se eliminaría o sería sustituida por una estrategia mucho menos controversial, sin embargo, debido en parte a la fuerte presión judicial de congresistas y gobernadores republicanos, no sólo se mantiene más vigente que nunca, sino que, se ha ampliado el plazo de duración y se han incorporado nuevos países en la lista de aplicación, como el caso de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba, al mismo tiempo que se endurece la restricción, al incorporar una cláusula de prohibición de reingreso de 5 años.
¿Y por que decimos que está medida tendrá repercusiones en el mercado laboral de todo el continente?, porqué si bien se mantiene la aplicación del Titulo 42 en Estados Unidos, también se habla del otorgamiento de 20 mil visas temporales de trabajo que claramente son insuficientes para absorber la oferta de mano de obra de millones de migrantes que o permanecen distribuidos a lo largo de nuestro país o se encuentran en proceso de transito en busca del sueño americano.
El modelo canadiense de otorgamiento de visas temporales de trabajo, bajo un procedimiento mucho más ágil y que permite conectar la demanda y la oferta de trabajo por vías institucionales es un claro ejemplo de una estrategia mejor planteada para cubrir los déficits laborales en su territorio, sin embargo, el proceso de simulación de los gobiernos norteamericanos, que discursivamente (y electoralmente) mantienen cerradas las fronteras, sin plantear procesos mucho más ordenados y expeditos para mejorar el funcionamiento de sus economías, podría contribuir al proceso de recesión y contracción de su economía en los próximos meses.
Aunado a una política monetaria de tasas elevadas, que han encarecido el costo de la vida y la producción de millones de empresas en Estados Unidos, debido a su dependencia al crédito para financiar sus operaciones diarias, se suma la escasez de fuerza de trabajo en sectores tan importantes como el metal mecánico, el sector agrícola, el automotriz, el minero o el sector servicios en su conjunto y ello contribuye al incremento salarial que tanto defienden los sindicatos de aquel país, al saturarse los mercados con fuerza laboral regulada y extranjera, las tasas salariales tienden a disminuir y por ende afectan el poder adquisitivo de los trabajadores nacionales.
Lo anterior, no sólo no resuelve el problema del incremento de la migración irregular, desafortunadamente coloca incentivos perversos para que aquellas empresas, de todos los tamaños, regiones y actividades, sigan absorbiendo fuerza de trabajo irregular pero a costos más bajos que la fuerza de trabajo local o regulada, lo que les permite maximizar sus beneficios, estos incentivos son profundamente perjudiciales para los trabajadores migrantes que ven mermados sus derechos y muy acotada la estrategia de defensa de los mismos dada su situación jurídica.
A pesar de ello, la brecha de expectativa de ganancia o la diferencia de los ingresos promedio mensuales de un trabajador irregular en Estados Unidos versus los ingresos promedio obtenido en el país de origen, sigue siendo muy amplia y ello compensa, en la lógica del individuo, los riesgos y costos en los que incurre al intentar, en su inmensa mayoría, más de una vez cruzar la frontera de forma irregular una y otra vez.
Para poder dimensionar dicha diferencia, mientras un jornalero agrícola ilegal en Estados Unidos obtiene un ingreso mensual de entre 1,504 a 3,842 dólares mensuales de acuerdo con estimaciones del World Socialist Web Site (Entre 29,328 a 74,919 pesos mensuales a un tipo de cambio de 19.50 pesos por dólar), en Centro y Sudamérica, el ingreso promedio mensual para una actividad similar es de apenas 350 dólares mensuales. Quizá esa sea la principal razón por la cuál asumen el costo económico, social, familiar e individual de emprender su travesía y resistir tantas amenazas a su paso hasta lograr cruzar, incluso a pesar de saber qué al entrar de forma legal, podrían obtener un ingreso 15% superior y con la protección legal de las instituciones del Estado.
En cierto sentido, el Presidente López Obrador acierta al señalar que las causas de la migración ilegal son de carácter económico (pobreza, falta de empleo, bajos salarios, escasez de bienes, pauperización de los servicios, inseguridad, etc.), pero la propuesta de solución sigue siendo muy acotada, pensar que basta una transferencia de recursos de Estados Unidos a la región, especialmente para financiar los Programas sociales obradoristas, será suficiente para detener los desplazamientos de cientos de miles de migrantes al año, es no entender la naturaleza del problema, ya que, en no pocos casos, se debería hablar de la demolición de las instituciones públicas y políticas y la sustitución total de las clases gobernantes para iniciar la titánica tarea de reconstrucción desde sus cimientos.
El sueño de Bolívar de una América unida, sigue siendo hasta nuestros días sólo eso, un sueño, la idea de una integración con nuestros vecinos del sur es prácticamente impensable, no sólo debido a sus enormes fragilidades y asimetrías, sino a la propia disposición y proyecto de nación que cada territorio tiene, si no podemos ponernos de acuerdo en el significado del ejercicio democrático en nuestro propio continente, imagínese discutir sobre cuestiones como el manejo financiero y de los propios recursos o la imposición de una sola moneda y las relaciones comerciales hacia el exterior, es por ello que, al final de los trabajos de reuniones como las celebradas esta semana, es difícil no quedarse con la sensación de que no sirven para mucho, ¿o usted que piensa?.
Cynthia Valeriano López
Catedrática del Tec de Monterrey, Campus Toluca
cvaleriano@tec.mx
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