En la iniciativa también se busca prohibir el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en materia de litio a particulares.
Poco le duró a la oposición ganar la apuesta para evitar la aprobación de la contrarreforma energética propuesta por el Presidente López Obrador, discutida durante meses en el Congreso de la Unión. El mismo domingo 17 de abril, se recibía en el recinto legislativo una propuesta para reformar la Ley Minera que fue aprobada por mayoría simple en el Congreso el lunes 18 y enviada al Senado de la República para su discusión.
La citada propuesta plantea una serie de ajustes a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley, con la finalidad de reconocer al litio como un recurso estratégico cuya exploración, explotación, aprovechamiento, administración y control de la cadena de valor, sea facultad exclusiva del Gobierno a través de un organismo público descentralizado que deberá crearse para dichos fines.
En la iniciativa también se busca prohibir el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en materia de litio a particulares.
El litio es hoy considerado uno de los metales más valiosos, al ser el componente principal de toda clase de baterías utilizadas en los bienes tecnológicos actuales, celulares, tabletas, computadoras y automóviles, pero también se utiliza en la industria farmacéutica, del vidrio y la cerámica.
Es por la extensa utilización de este producto, en distintas industrias que la demanda ha crecido significativamente en los últimos años, solo para finales del 2020 la demanda internacional de este metal fue de 441.5 millones de toneladas y se espera que para el 2030, sea de 1,500 millones, impulsada principalmente por una carrera de transición energética internacional que busca reducir la huella de carbono y la dependencia a los combustibles fósiles, siendo estos los argumentos principales para la colocación de barreras a la competencia económica desde la óptica presidencial.
Lamentablemente, la decisión no deja de ser agotadoramente polémica, ya qué en la prisa por aprobar la propuesta de reforma, se deja de lado, como ya es costumbre, la necesaria discusión técnica que implica cuestionarse si el gobierno actualmente cuenta con los recursos necesarios para acaparar toda la cadena de valor.
Lo que realmente debe despertar nuestro interés es el análisis de distintas alternativas y vías de solución para seleccionar la mejor estrategia, la que garantice una tasa de retorno más elevada y atractiva para el país, con reglas muy claras que permitan una sana colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada.
En el mundo existen distintas formas de resolver el dilema de la administración del metal, mismas que no han sido ni remotamente analizadas en el Congreso, por ejemplo, existen modelos puramente estatistas, en los cuales, a partir de la creación de empresas públicas se faculta exclusivamente al gobierno para participar en la cadena de valor del litio, este es el modelo Boliviano que no ha dado buenos resultados, a pesar de la construcción de una narrativa en la que el Litio sería el motor del desarrollo económico de Bolivia, en fechas recientes, este país ha optado por ajustar nuevamente su regulación a fin de concesionar distintos tramos de la cadena de producción (principalmente en la exploración y explotación) a empresas alemanas siguiendo los pasos de Argentina y Chile, con quienes forma el triángulo sudamericano del Litio.
¿Dónde estuvo el fracaso del modelo puramente estatal de Bolivia? Al llegar la pandemia, el gobierno no pudo seguir invirtiendo recursos para la explotación del metal, lo que provocó un descenso estrepitoso de la producción, no se logró desarrollar conocimiento técnico, ni mejorar el capital humano de la región, en consecuencia, la empresa estatal se convirtió en un pesado y burocrático instrumento que ha elevado el costo de explotación hasta volverlo inviable.
También se encuentran modelos totalmente privados, que funcionan a partir de la concesión del proceso productivo completo, como el caso de Australia, Argentina, Canadá, Estados
Unidos e incluso China, por mencionar algunos, en donde el gobierno, vía concesiones acotadas en tiempo y volumen de explotación, ha logrado atraer inversionistas de distintas partes del mundo, mejorando el know how de producción y convirtiendo la actividad en una de las mas rentables del país con la correspondiente contribución en materia de empleos y desarrollo regional.
Finalmente tenemos el modelo híbrido, en donde la iniciativa privada, una vez desarrollada la industria y fortalecido el sector, se ha asociado estratégicamente con las instituciones gubernamentales (o empresas públicas) a fin de obtener recursos fiscales frescos que puedan financiar el desarrollo como el caso de Turquía, es por esta vía, por la que el actual presidente chileno Gabriel Boric, quiere inaugurar una nueva etapa en el futuro de la producción de Litio en aquel país.
La ventaja de esta última estrategia tiene que ver con la participación de una empresa del Estado que parte de una infraestructura bien desarrollada, de procesos de investigación ya financiados por el capital privado, que cuenta con conocimiento propio y capital humano ya preparado para darle continuidad a las tareas, pero sobre todo, que se sustenta en un
ecosistema empresarial bien desarrollado en torno a esta industria que se convertirá en el mejor aliado de una empresa paraestatal.
Al final del día, de lo que se trata es de analizar alternativas, aquí sólo planteamos 3, pero opciones intermedias podemos señalar muchas más, desde aquellas que buscan concesionar el 80% del tramo de control: exploración y explotación a fin de que sea una empresa pública la que adquiera, administre y venda en el mercado internacional la producción, o alguna otra en donde el Estado establezca controles de volumen, precio y calidad y vía impuestos financie el desarrollo de la nación, en fin, que la imaginación es el límite.
Al tener tantas opciones, es difícil entender el proceder de los agentes políticos, que en aras de cumplir rápidamente con las instrucciones de un solo actor, por importante que este sea, limitan y con ello ignoran la oportunidad de desarrollar una alternativa viable que pueda ser la base del crecimiento y el desarrollo de una industria que ya es, bastante lucrativa y cuenta con una demanda creciente, ojala que en el Senado se tomen el trabajo legislativo mas en serio, abra la discusión a la participación de la sociedad, con la, quizá ingenua, esperanza, de que la discusión parta desde una perspectiva técnica y no electoral.
Cynthia Valeriano.
Profesora de Economía del Tec de Monterrey, Campus Toluca
cvaleriano@tec.mx
La citada propuesta plantea una serie de ajustes a los artículos 1, 5, 9 y 10 de la Ley, con la finalidad de reconocer al litio como un recurso estratégico cuya exploración, explotación, aprovechamiento, administración y control de la cadena de valor, sea facultad exclusiva del Gobierno a través de un organismo público descentralizado que deberá crearse para dichos fines.
En la iniciativa también se busca prohibir el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en materia de litio a particulares.
El litio es hoy considerado uno de los metales más valiosos, al ser el componente principal de toda clase de baterías utilizadas en los bienes tecnológicos actuales, celulares, tabletas, computadoras y automóviles, pero también se utiliza en la industria farmacéutica, del vidrio y la cerámica.
Es por la extensa utilización de este producto, en distintas industrias que la demanda ha crecido significativamente en los últimos años, solo para finales del 2020 la demanda internacional de este metal fue de 441.5 millones de toneladas y se espera que para el 2030, sea de 1,500 millones, impulsada principalmente por una carrera de transición energética internacional que busca reducir la huella de carbono y la dependencia a los combustibles fósiles, siendo estos los argumentos principales para la colocación de barreras a la competencia económica desde la óptica presidencial.
Lamentablemente, la decisión no deja de ser agotadoramente polémica, ya qué en la prisa por aprobar la propuesta de reforma, se deja de lado, como ya es costumbre, la necesaria discusión técnica que implica cuestionarse si el gobierno actualmente cuenta con los recursos necesarios para acaparar toda la cadena de valor.
Lo que realmente debe despertar nuestro interés es el análisis de distintas alternativas y vías de solución para seleccionar la mejor estrategia, la que garantice una tasa de retorno más elevada y atractiva para el país, con reglas muy claras que permitan una sana colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada.
En el mundo existen distintas formas de resolver el dilema de la administración del metal, mismas que no han sido ni remotamente analizadas en el Congreso, por ejemplo, existen modelos puramente estatistas, en los cuales, a partir de la creación de empresas públicas se faculta exclusivamente al gobierno para participar en la cadena de valor del litio, este es el modelo Boliviano que no ha dado buenos resultados, a pesar de la construcción de una narrativa en la que el Litio sería el motor del desarrollo económico de Bolivia, en fechas recientes, este país ha optado por ajustar nuevamente su regulación a fin de concesionar distintos tramos de la cadena de producción (principalmente en la exploración y explotación) a empresas alemanas siguiendo los pasos de Argentina y Chile, con quienes forma el triángulo sudamericano del Litio.
¿Dónde estuvo el fracaso del modelo puramente estatal de Bolivia? Al llegar la pandemia, el gobierno no pudo seguir invirtiendo recursos para la explotación del metal, lo que provocó un descenso estrepitoso de la producción, no se logró desarrollar conocimiento técnico, ni mejorar el capital humano de la región, en consecuencia, la empresa estatal se convirtió en un pesado y burocrático instrumento que ha elevado el costo de explotación hasta volverlo inviable.
También se encuentran modelos totalmente privados, que funcionan a partir de la concesión del proceso productivo completo, como el caso de Australia, Argentina, Canadá, Estados
Unidos e incluso China, por mencionar algunos, en donde el gobierno, vía concesiones acotadas en tiempo y volumen de explotación, ha logrado atraer inversionistas de distintas partes del mundo, mejorando el know how de producción y convirtiendo la actividad en una de las mas rentables del país con la correspondiente contribución en materia de empleos y desarrollo regional.
Finalmente tenemos el modelo híbrido, en donde la iniciativa privada, una vez desarrollada la industria y fortalecido el sector, se ha asociado estratégicamente con las instituciones gubernamentales (o empresas públicas) a fin de obtener recursos fiscales frescos que puedan financiar el desarrollo como el caso de Turquía, es por esta vía, por la que el actual presidente chileno Gabriel Boric, quiere inaugurar una nueva etapa en el futuro de la producción de Litio en aquel país.
La ventaja de esta última estrategia tiene que ver con la participación de una empresa del Estado que parte de una infraestructura bien desarrollada, de procesos de investigación ya financiados por el capital privado, que cuenta con conocimiento propio y capital humano ya preparado para darle continuidad a las tareas, pero sobre todo, que se sustenta en un
ecosistema empresarial bien desarrollado en torno a esta industria que se convertirá en el mejor aliado de una empresa paraestatal.
Al final del día, de lo que se trata es de analizar alternativas, aquí sólo planteamos 3, pero opciones intermedias podemos señalar muchas más, desde aquellas que buscan concesionar el 80% del tramo de control: exploración y explotación a fin de que sea una empresa pública la que adquiera, administre y venda en el mercado internacional la producción, o alguna otra en donde el Estado establezca controles de volumen, precio y calidad y vía impuestos financie el desarrollo de la nación, en fin, que la imaginación es el límite.
Al tener tantas opciones, es difícil entender el proceder de los agentes políticos, que en aras de cumplir rápidamente con las instrucciones de un solo actor, por importante que este sea, limitan y con ello ignoran la oportunidad de desarrollar una alternativa viable que pueda ser la base del crecimiento y el desarrollo de una industria que ya es, bastante lucrativa y cuenta con una demanda creciente, ojala que en el Senado se tomen el trabajo legislativo mas en serio, abra la discusión a la participación de la sociedad, con la, quizá ingenua, esperanza, de que la discusión parta desde una perspectiva técnica y no electoral.
Cynthia Valeriano.
Profesora de Economía del Tec de Monterrey, Campus Toluca
cvaleriano@tec.mx
