La iniciativa promovida por la organización " Las Constituyentes Feministas" denominada "3 de 3 contra la violencia de género" que busca evitar que ocupen cargos públicos las personas con antecedentes de ejercer violencia familiar, por delitos contra la libertad sexual, por violencia de género en cualquiera de sus modalidades o por ser deudores alimentarios o agresores por incumplimiento de obligaciones, ha sido retomada en el Congreso Mexiquense y espera también ser procesada en la Cámara de diputados Federal, lo cual permite augurar que en mediano plazo se conviertan en realidad.
Es una buena iniciativa, que difícilmente podría alguien votar en contra en estos tiempos, a riesgo de ser repudiado, e incluso castigado electoralmente; además es innegable que si surge algo así, es porque antes ningún partido se hizo completamente responsable del asunto, ni lo garantizó, algunos quizá lo subestimaron en sus cálculos de generación de votos, otros tal vez ni lo pensaron. Ahora podrían reivindicarse.
Con esto, buen examen de conciencia tendrían que hacer los que intenten postularse. Será muy interesante observar además la articulación de esta ley y la forma en que prevea procesar cualquier señalamiento personal que surja en futuras contiendas.
En la Legislatura mexiquense, además estarían por aprobarse en el pleno las reformas al artículo 5 de la Constitución Política estatal para establecer la obligatoriedad de la educación superior, con la idea de hacerla realmente incluyente, equitativa y de calidad para todos, previendo que las autoridades federales, junto a las estatales, deberán establecer políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad. Asimismo estipulan que se proporcionarán los medios de acceso para quienes cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
A la iniciativa anexan una serie de reflexiones y consideraciones rimbombantes, pero lo que merece mucha atención, es lo que pretendan adecuar en el sistema educativo y también los mecanismos de financiamiento para hacer realidad una promesa como ésta.
Ya a manera de prueba, podrían estar pensando por ejemplo, cómo contribuir a resolver las exigencias de alumnos de nivel superior que en medio de la crisis argumentan no tener recursos para pagar inscripciones a su siguiente semestre, piden que les condonen total o parcialmente las cuotas, pero suprimir esos ingresos significaría para las instituciones educativas, afectaría su operatividad y el servicio que los mismos estudiantes requieren. ¿Algún poder o gobierno podría subsidiar eso? Ojalá, aunque parece difícil.
Es una buena iniciativa, que difícilmente podría alguien votar en contra en estos tiempos, a riesgo de ser repudiado, e incluso castigado electoralmente; además es innegable que si surge algo así, es porque antes ningún partido se hizo completamente responsable del asunto, ni lo garantizó, algunos quizá lo subestimaron en sus cálculos de generación de votos, otros tal vez ni lo pensaron. Ahora podrían reivindicarse.
Con esto, buen examen de conciencia tendrían que hacer los que intenten postularse. Será muy interesante observar además la articulación de esta ley y la forma en que prevea procesar cualquier señalamiento personal que surja en futuras contiendas.
En la Legislatura mexiquense, además estarían por aprobarse en el pleno las reformas al artículo 5 de la Constitución Política estatal para establecer la obligatoriedad de la educación superior, con la idea de hacerla realmente incluyente, equitativa y de calidad para todos, previendo que las autoridades federales, junto a las estatales, deberán establecer políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad. Asimismo estipulan que se proporcionarán los medios de acceso para quienes cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
A la iniciativa anexan una serie de reflexiones y consideraciones rimbombantes, pero lo que merece mucha atención, es lo que pretendan adecuar en el sistema educativo y también los mecanismos de financiamiento para hacer realidad una promesa como ésta.
Ya a manera de prueba, podrían estar pensando por ejemplo, cómo contribuir a resolver las exigencias de alumnos de nivel superior que en medio de la crisis argumentan no tener recursos para pagar inscripciones a su siguiente semestre, piden que les condonen total o parcialmente las cuotas, pero suprimir esos ingresos significaría para las instituciones educativas, afectaría su operatividad y el servicio que los mismos estudiantes requieren. ¿Algún poder o gobierno podría subsidiar eso? Ojalá, aunque parece difícil.
