No creo que haga falta ser experto en el tema, sino tener una buena noción de justicia para reconocer con beneplácito que finalmente se concretó lo que veíamos venir y la pasada fue una buena semana para la causa del feminismo.
Era difícil que alguien lo frenara, lo escribí y creo que fue mejor de lo esperado. Particularmente el jueves 13 de agosto, podría ser una nueva fecha que recordar, pues ese día coincidieron los tres poderes del Estado de México, con acciones significativas, lo cual vale destacarse reiteradamente-
La legislatura Mexiquense avaló modificaciones y adiciones a la Constitución Política, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral, todas del Estado de México, a propuesta de los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRD, para acabar con la violencia política hacia las mujeres, garantizar la paridad de género y fortalecer la defensa de los derechos político-electorales de las mexiquenses.
De manera precisa se estableció en esa Cámara con el trabajo de las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género y la suma de ideas de varios colectivos, que ahora será posible que más mujeres ocupen cargos públicos, será exigible detener la violencia política; se hace factible la paridad de género formal, impulsando la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en el ámbito público.
También se replantea la definición de violencia política de género y se extiende la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad, se elimina el lenguaje sexista de la Constitución, se introduce el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en diversos ordenamientos estatales y se establecen sanciones por violencia política de género contra candidatas.
Desde ahora no podrán ocupar cargos públicos quienes hayan sido sentenciados por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género o delitos contra la libertad sexual, y la Fiscalía General de Justicia de la entidad creará un padrón de las personas condenadas por dichos delitos, para que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen antecedentes, además de que personas con antecedentes de violencia política no podrán tener candidaturas en 2021.
Las reformas establecen también sanciones por violencia política de género contra candidatas; que los entes públicos observen los principios de igualdad y equidad de género; que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas compuestas por una persona propietaria y una suplente del mismo género; que los partidos políticos asignen recursos para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que sea su obligación promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.
Sumado a esto, el Ejecutivo Mexiquense además de atenerse a lo reformado, anunció el mismo día la creación del Sistema de Seguimiento y Atención a Generadores de Violencia de Género que apoyado con una plataforma y una base de datos electrónica, en donde destaca la participación del Poder Judicial, para establecer que los agresores de género deben someterse a un proceso de reeducación obligatorio, adicional a su sentencia, para que estos casos no se repitan ni se reproduzcan.
Adicionalmente se presentó iniciativa para Reformar el Artículo 65 de la Ley de Servidores Públicos y Municipios, que plantea incrementar el periodo de licencia por paternidad, a servidores públicos, hasta por 45 días naturales y proyectan otras acciones complementarias como parte de la Agenda de Género.
Está claro que no todos los problemas quedan resueltos a partir de estas acciones, pero es fundada la expectativa que entrando en vigor estos cambios se reduzca la incidencia. Ojalá dentro de poco lo empecemos a relatar.
Era difícil que alguien lo frenara, lo escribí y creo que fue mejor de lo esperado. Particularmente el jueves 13 de agosto, podría ser una nueva fecha que recordar, pues ese día coincidieron los tres poderes del Estado de México, con acciones significativas, lo cual vale destacarse reiteradamente-
La legislatura Mexiquense avaló modificaciones y adiciones a la Constitución Política, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Electoral, todas del Estado de México, a propuesta de los grupos parlamentarios de Morena, PAN y PRD, para acabar con la violencia política hacia las mujeres, garantizar la paridad de género y fortalecer la defensa de los derechos político-electorales de las mexiquenses.
De manera precisa se estableció en esa Cámara con el trabajo de las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género y la suma de ideas de varios colectivos, que ahora será posible que más mujeres ocupen cargos públicos, será exigible detener la violencia política; se hace factible la paridad de género formal, impulsando la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres en el ámbito público.
También se replantea la definición de violencia política de género y se extiende la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad, se elimina el lenguaje sexista de la Constitución, se introduce el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en diversos ordenamientos estatales y se establecen sanciones por violencia política de género contra candidatas.
Desde ahora no podrán ocupar cargos públicos quienes hayan sido sentenciados por violencia política contra las mujeres en razón de género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género o delitos contra la libertad sexual, y la Fiscalía General de Justicia de la entidad creará un padrón de las personas condenadas por dichos delitos, para que el Instituto Nacional Electoral pueda solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen antecedentes, además de que personas con antecedentes de violencia política no podrán tener candidaturas en 2021.
Las reformas establecen también sanciones por violencia política de género contra candidatas; que los entes públicos observen los principios de igualdad y equidad de género; que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas compuestas por una persona propietaria y una suplente del mismo género; que los partidos políticos asignen recursos para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, que sea su obligación promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.
Sumado a esto, el Ejecutivo Mexiquense además de atenerse a lo reformado, anunció el mismo día la creación del Sistema de Seguimiento y Atención a Generadores de Violencia de Género que apoyado con una plataforma y una base de datos electrónica, en donde destaca la participación del Poder Judicial, para establecer que los agresores de género deben someterse a un proceso de reeducación obligatorio, adicional a su sentencia, para que estos casos no se repitan ni se reproduzcan.
Adicionalmente se presentó iniciativa para Reformar el Artículo 65 de la Ley de Servidores Públicos y Municipios, que plantea incrementar el periodo de licencia por paternidad, a servidores públicos, hasta por 45 días naturales y proyectan otras acciones complementarias como parte de la Agenda de Género.
Está claro que no todos los problemas quedan resueltos a partir de estas acciones, pero es fundada la expectativa que entrando en vigor estos cambios se reduzca la incidencia. Ojalá dentro de poco lo empecemos a relatar.
