La sombra de la sospecha es un veneno letal para una institución cuya principal moneda de cambio es la confianza. Por ello, la abrupta renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no representa únicamente un trámite administrativo por la salida de una funcionaria acorralada por la presión de los titulares periodísticos y los comentarios políticos; constituye una implosión reputacional en el corazón mismo de la democracia mexicana y esto, a menos de un año de encarar los comicios intermedios de 2027.

La renuncia de Taddei a la presidencia del organismo, anunciada el 25 de octubre y presentada ante la Cámara de Diputados el día 26, representa una decisión con implicaciones que van mucho más allá de su permanencia en el cargo. Y es que, en su momento, Taddei fue descrita como una figura «honesta» e «íntegra» por AMLO. Por eso, después de más de tres décadas de trayectoria en el entorno electoral y de haber asumido la presidencia del INE en 2023, su salida anticipada deja una pregunta inevitable: ¿qué tanto podrá soportar la imagen de una institución cuando quienes tienen la responsabilidad de representarla y protegerla, terminan convertidos en parte del problema? Y es que, como decimos en imagen pública, “La imagen de la titularidad permea en la institución”, por lo que resulta inevitable cuestionarse si toda la institución cojea del mismo pie. 

Ahora, es importante precisar que los señalamientos sobre posibles vínculos entre proveedores del INE, colaboradores y personas cercanas a la familia de Taddei deben investigarse y que las responsabilidades correspondientes tendrán que determinarse con pruebas, más allá de los cuestionamientos acerca de la transparencia de las contrataciones y la existencia de posibles conflictos de interés. Sin embargo, si lo analizamos desde la imagen pública, hay una enorme diferencia entre el costo legal y el reputacional. El primero exige procedimientos, evidencias y resoluciones que están en manos de las autoridades competentes; el segundo, que es el que aquí nos interesa, puede comenzar mucho antes de que una autoridad concluya sus investigaciones. Es más, ese costo lo estamos viviendo en este momento, porque muchos mexicanos ya se formaron una idea del escenario, más allá de la existencia de una sentencia. Nada menos: según una encuesta realizada por GobernArte a mil 500 personas, cuando se les preguntó sobre el motivo que llevó a Taddei a renunciar, el 34.5 % respondió que fue por los señalamientos de corrupción y conflicto de interés, mientras que el 46.8 % consideró que estos señalamientos disminuyeron mucho su confianza en el INE. (Gobernarte | Encuestas)

La imagen pública de una institución no depende exclusivamente de lo que afirma ser; es la percepción que los demás construyen a partir de acciones, mensajes y experiencias. Así, el INE enfrenta una dificultad particular: su función exige una confianza que va más allá de la calidad técnica de su trabajo, y la crisis que vive en este momento golpea esa confianza. Puede organizar correctamente una jornada electoral y cumplir con los procedimientos legales, y aun así enfrentar una crisis de legitimidad si una parte importante de la ciudadanía sospecha que sus decisiones están condicionadas por intereses ajenos al público. La imparcialidad real y la imparcialidad percibida son dimensiones diferentes, aunque ambas resultan indispensables para la estabilidad democrática.

Ahora, el problema se vuelve todavía más complejo cuando analizamos el contexto político en el que se produce esta crisis. Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE en un periodo marcado por las tensiones entre el organismo electoral —cuando Lorenzo Córdova ocupaba el cargo— y el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, así como por las discusiones sobre la autonomía institucional y la transformación del sistema electoral. Durante su gestión, el instituto organizó las elecciones federales de 2024, en las que Claudia Sheinbaum obtuvo la Presidencia de la República, y el controvertido proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de 2025.

A partir de esto, aunado a sus decisiones y posturas, se propició la percepción de cercanía entre la ex consejera presidenta y el proyecto político de Morena, lo que da fundamento a los señalamientos actuales de que «forma parte de él». Vamos, no se trata de afirmar que una afinidad política pruebe la existencia de irregularidades, sino de reconocer que, cuando una institución ya enfrenta cuestionamientos sobre su autonomía —más aún si hablamos del órgano electoral, cuya esencia exige imparcialidad e independencia política—, cualquier escándalo relacionado con sus mandos puede reforzar los discursos negativos o las percepciones contradictorias.

Al final, el INE enfrenta un reto interesante, porque sería un error suponer que el daño reputacional puede resolverse con la salida de Guadalupe Taddei, la renuncia de otros funcionarios vinculados con su oficina y los cambios administrativos que puedan producirse; estas son medidas que, aunque relevantes, no constituyen por sí mismos una reparación de la confianza. Aquí, el proceso de comunicación de su imagen será clave, ya que debe explicar qué se está investigando, cuáles son los procedimientos que se seguirán y qué medidas se adoptarán a partir de los resultados, respetando siempre el debido proceso y la presunción de inocencia. Y, aun así, puede no ser suficiente.