Integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura del Estado de México plantearon fortalecer las herramientas jurídicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger el desarrollo integral de quienes dependen de ellas.
Durante una reunión presidida por el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, las legisladoras Itzel Daniela Ballesteros Lule y Selina Trujillo Arizmendi, de Morena, así como Miriam Silva Mata, del PVEM, coincidieron en que el derecho a recibir alimentos debe contar con mecanismos efectivos que eviten su incumplimiento.
Las diputadas señalaron que la pensión alimenticia no representa únicamente una obligación económica, pues constituye un recurso indispensable para garantizar condiciones de vida dignas, acceso a la salud, educación y oportunidades para niñas, niños y adolescentes.
La comisión analiza una iniciativa presentada por Itzel Ballesteros, mediante la cual se propone que la autoridad judicial pueda decretar de oficio el aseguramiento de alimentos, así como otra impulsada por el Grupo Parlamentario del PVEM, coordinado por José Alberto Couttolenc Buentello.
Esta última propuesta plantea que la obligación alimentaria pueda hacerse efectiva sobre los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o su equivalente, perteneciente a la persona responsable de cubrir la pensión.
Itzel Ballesteros explicó que su iniciativa pretende reforzar la protección de quienes tienen derecho a recibir alimentos, al considerar que actualmente la legislación no establece de manera expresa que su aseguramiento deba determinarse de oficio ni contempla herramientas suficientes para impedir que las personas obligadas evadan esta responsabilidad.
De aprobarse, el cumplimiento de la obligación podría apoyarse en mecanismos como la retención o descuento directo de ingresos, con el propósito de brindar mayor certeza a las personas beneficiarias.
Miriam Silva Mata señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que este tipo de medidas contribuyen a proteger el interés superior de la niñez y también consideran la protección de las personas jubiladas durante la etapa de vejez.
Explicó que la propuesta relacionada con los recursos de retiro contempla escenarios en los que la persona deudora se encuentre desempleada y tenga la posibilidad de disponer de recursos de sus cuentas, así como de aportaciones voluntarias realizadas durante su vida laboral.
Por su parte, Selina Trujillo Arizmendi advirtió que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias puede afectar directamente las oportunidades, salud, educación y bienestar de niñas, niños y adolescentes.
La legisladora consideró que negar este sustento representa una forma de violencia económica que puede comprometer el desarrollo de las personas menores de edad, quienes requieren mecanismos de protección reforzada debido a que no siempre cuentan con los medios para defender por sí mismas sus derechos.
Las propuestas continuarán bajo análisis de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, con el objetivo de determinar mecanismos legislativos que permitan hacer efectivo el derecho de alimentos y reducir los espacios para la evasión de esta responsabilidad.
