Diputadas y diputados de Morena, PRI y PT coincidieron en la necesidad de flexibilizar las reglas de disciplina financiera para permitir que los gobiernos estatal y municipales puedan contratar al personal necesario en materia de seguridad pública y salud.
Durante una reunión de las comisiones unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas del Congreso del Estado de México, respaldaron la iniciativa presentada por el legislador Edgar Samuel Ríos Moreno, de Morena.
La propuesta busca excluir del límite de crecimiento anual del 3 por ciento los gastos en servicios personales destinados exclusivamente a cubrir plazas indispensables para atender las áreas de seguridad y salud.
El diputado Javier Cruz Jaramillo y la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez, ambos de Morena; Alejandro Castro Hernández, del PRI, y Sara Alicia Ramírez de la O, del PT, coincidieron en que el tope vigente puede convertirse en una limitante para responder a las necesidades de la población.
Actualmente, una disposición federal establece que el gasto relacionado con salarios y nuevas plazas del servicio público no puede incrementarse por encima del 3 por ciento anual. Sin embargo, Samuel Ríos consideró que las necesidades de atención médica y seguridad pueden crecer a un ritmo distinto al permitido por dicha regla.
Por ello, planteó incorporar de manera permanente a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios una excepción que anteriormente tuvo carácter temporal y estuvo vigente entre 2018 y 2020.
La medida abarcaría únicamente al personal estrictamente indispensable para estas funciones, entre ellos policías estatales y municipales, médicos, personal de enfermería, paramédicos y trabajadores considerados afines.
El legislador aclaró que la excepción no incluiría al personal administrativo y que las autoridades continuarían obligadas a identificar y reportar por separado estos recursos tanto en el presupuesto de egresos como en la cuenta pública.
Javier Cruz Jaramillo señaló que la restricción representa una problemática que conoció durante su gestión como presidente municipal, particularmente al momento de atender las necesidades de seguridad y salud.
Sandra Patricia Santos Rodríguez consideró que la discusión no se limita al manejo presupuestario, sino que involucra la capacidad institucional de los gobiernos para garantizar servicios públicos, por lo que llamó a encontrar un punto de equilibrio entre responsabilidad financiera y atención ciudadana.
Por su parte, Alejandro Castro Hernández respaldó la propuesta al considerar que puede contribuir a fortalecer las plantillas de seguridad y salud y, con ello, garantizar derechos establecidos constitucionalmente.
El legislador propuso, no obstante, precisar conceptos como “personal afín” y “gastos estrictamente indispensables”, además de establecer justificaciones e indicadores verificables para las contrataciones y reforzar los mecanismos de información y rendición de cuentas.
En tanto, Sara Alicia Ramírez de la O sostuvo que la austeridad debe enfocarse en evitar gastos suntuarios y no convertirse en un obstáculo para sectores prioritarios como seguridad, salud y educación.
La iniciativa también contempla conservar como excepción al límite los recursos destinados al cumplimiento de sentencias laborales definitivas emitidas por autoridades competentes, incluyendo indemnizaciones, salarios caídos y otras prestaciones derivadas de resoluciones firmes.
Asimismo, quedarían fuera del tope los gastos en servicios personales que resulten estrictamente indispensables para aplicar nuevas leyes federales o reformas a la legislación federal.
