Ójala...

El instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una institución académica que tiene la misión definida de contribuir a la solución de los problemas sociales vinculados a los fenómenos jurídicos, nacionales e internacionales, publicó un análisis técnico de las propuestas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente en febrero de 2024, entre las cuales se incluía la propuesta de reforma al Poder Judicial, misma que pasada la elección, que ganó abrumadoramente Claudia Sheinbaum, se pretende relanzar con todo el ímpetu, estimando que no representa riesgo mayor para los mercados financieros ni los inversionistas.

Del análisis de los juristas universitarios, que no es por sí la opinión de la UNAM en pleno, se desprenden conclusiones que advierten daño institucional y riesgo de perder la independencia e imparcialidad si se despiden a los 1,165 jueces, magistrados y ministros que actualmente lo operan, para dar paso a una nueva generación de funcionarios judiciales electos por voto popular, que estarían más interesados en la política y en ese mismo sentido podrían estar condicionadas sus determinaciones para tratar de asegurar su permanencia, lo cual a su vez nos lleva a pensar en los múltiples y peligrosos intentos de injerencia en elecciones y decisiones con involucramiento de poder y dinero de toda índole en esos procesos.

Abundan señalando que la falta de neutralidad e independencia judicial para impartir justicia pone en riesgo la razonabilidad del ejercicio del poder y por extensión la democracia al debilitar los mecanismos que permiten defender los derechos y libertades de las mexicanas y mexicanos.

Estas conclusiones no agradaron al Presidente impulsor de las reformas, “Qué se tienen que meter?" reprochó y después pidió que se escuchara no sólo a los expertos, postura que refuerzan cuando la virtual presidenta electa presentó tres encuestas realizadas el fin de semana, en las cuales evidencia que al rededor del 80% de los entrevistados consideran que si hace falta una reforma al poder judicial; cerca del 40% consideran que magistrados jueces y ministros son corruptos y más del 70% de los encuestados coinciden que los integrantes del poder judicial sean definidos por elección popular.

Las encuestas -ahora al servicio de la futura presidenta- sirven para proyectar decisiones basadas absolutamente en la voluntad popular, aunque falte la valoración ciudadana del conocimiento, la experiencia y la especialización, como requisitos para impartir justicia, lo que era necesario y al evadirlo sugiere que se trataba una vez más de legitimar una decisión ya tomada.

En la presentación de la misma encuesta la Doctora Sheinbaum afirmó, quizás como prevención para evitar inquietud e incertidumbre, que dichas encuestas son solo información que podrá para ser considerada en la discusión que se va a abrir en estos días. Ojalá se abra realmente como la presidenta hoy ha prometido, más allá de las afirmaciones tajantes de otros personajes menores, pues parece que hasta al presidente López hoy le gustó esa idea.

Diversas señales cruzadas, no dejan de alimentar ilusión entre la oposición, por una actitud más prudente y responsable de la futura presidenta, que a ratos parece dispuesta a continuar todo y otras a hacerlo a su modo. ¿Habrá milagro?