Ahora que el Dictamen Único de Factibilidad mejor conocido como "DUF" se ha puesto en el centro de la discusión como un factor determinante para la llegada o partida de grandes inversiones empresariales, y asimismo incidente en el desarrollo económico de la entidad; los duros señalamientos de los legisladores de Morena, asegurando que con éste se ha propiciado la corrupción y por ello debe desaparecer para permitir que con otros mecanismos se agilice la apertura de nuevos negocios, parecen estarlo sentenciando pero no es tan simple.

Naturalmente provocará molestia a cualquiera que pretenda iniciar un negocio en el que se efectúan inversiones, se generan empleos y se activa la economía, el tener que sortear un cúmulo de trámites y no tener aun así la certeza de la respuesta favorable.

Idealmente todos los hombres de negocios, empresarios y emprendedores de diferentes dimensiones deben tener claro que la certeza de su negocio empieza por cumplir las leyes vigentes y prepararse para ello no debe ser cosa menor ni de improvisación, frente a una autoridad que indudablemente debe también especificar cada uno de los requisitos, plazos y costos de los trámites y acciones que habrá realizar, con el importante objetivo de garantizar la legalidad, el orden y el cuidado de los intereses de la sociedad en la que cada unidad económica se pretende insertar.

Estamos ante un momento definitorio para el Estado de México, en el que la reactivación económica es vital y complementariamente se deben dar los pasos certeros para la atracción de inversiones significativas que hagan crecer la economía de la entidad, sin que la tramitología o las sospechas de corrupción e impunidad en cualquiera de los extremos sigan siendo obstáculo o pretexto para no avanzar.

Si los Legisladores que promueven la desaparición del Dictamen Único de Factibilidad, entran al trabajo de análisis en el proceso de parlamento abierto que han prometido para esta materia, dando espacio a todas las perspectivas, sin ánimos de politización o asignación de culpas y con la disposición de entender la complejidad de lo que está en juego, para aprovechar también ese ímpetu de los empresarios que hoy respaldan la supresión de ordenamientos jurídicos o avalan la transferencia de competencias del gobierno estatal a los municipios -olvidando que ese camino ya lo recorrieron-, podríamos tener la oportunidad de una transformación oportuna y un rediseño del marco jurídico muy bien enfocado más que un manoseo o una discusión política muy mediática.

Esta oportunidad quizá no la imaginaron los involucrados, pero tienen ante sí la posibilidad de hacer algo muy bueno por el Estado. Ojalá se concrete.