Luego de la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes al Valle de Toluca, para supervisar el avance de la construcción del tristemente célebre Tren Interurbano México-Toluca, ese que seguimos esperando conecte Zinacantepec con el poniente de la Ciudad de México y desplace más de 230 mil personas cada día entre ambas ciudades en menos de 39 minutos, ojalá que realmente se sienta en el Gobierno mexiquense la urgencia de acelerar el paso en todos estudios y lineamientos necesarios para darle forma a una realidad bien diseñada que no represente riesgos para la población asentada en las zonas aledañas ni para los usuarios en las estaciones de ascenso y descenso, e impulse la actividad económica regional y se materialice el desarrollo urbano en esta zona del Estado de México.

Se notó que al Presidente de México le urge ponerlo en operación cuanto antes y por ello planteó sin disimulos que los constructores se esfuercen para terminarlo a finales del 2022 y no en 2023 como está proyectado, para transformar una herencia infame en un buen trofeo, erigiendo sobre la mala fama y el desmesurado aumento en su costo, -pasando de 30 mil millones de pesos a cerca de 90 mil- con más de ocho años en construcción, una obra con significativo servicio.

Ojalá que el equipo del gobernador mexiquense tenga claro que lo que dijo el Del Mazo en esa ocasión, respecto a lo indispensable que es el trabajo entre autoridades de los Gobiernos federal, de la Ciudad de México y de los municipios, en una estrategia coordinada de movilidad metropolitana para que el tren sea bien aprovechado en sus extremos y en su trayecto, así como la próxima publicación del Programa de Ordenamiento para la Zona Metropolitana de Toluca y el Plan Parcial del Tren Interurbano México-Toluca, lo compromete y debe hacer algo importante..

Con todo lo que este proyecto ha costado a los mexicanos, no pueden exponerse sorpresas ingratas de disfuncionalidades, impactos negativos en las comunidades, voracidad empresarial, corrupción e incluso conflictos sociales como los que a esta obra por descuidos y por subestimar a la gente, la trastornaron.

Reducciones presupuestales

Después que trascendiera que el presupuesto del 2021 en perjuicios de los gobiernos municipales se pretende suprimir el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Seguridad, que representaba aproximadamente 4 mil millones de pesos distribuidos en trescientas demarcaciones, también se proyecta disminuir el FORTAMUN que era la gran esperanza financiera; ¿asumirá el gobierno federal que puede responsabilizársele del aumento en los niveles de inseguridad? o ¿estará realmente preparado para hacer frente a este desafío de manera centralizada? Parecen dispuestos a correr el riesgo, pero los ciudadanos no.