En el Estado de México durante el mes de julio se registraron 17 casos de feminicidio, el mayor número en lo va del año según el reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que hace pensar que ni las Alertas de Violencia de Género -una de ellas vigente desde hace 5 años y la segunda por desaparición que está por cumplir un año-, han logrado frenar el problema. De enero a julio del 2020, hay 80 denuncias de este tipo mientras en en el mismo periodo del 2019 había 58, lastimosamente.
¿Qué más tenemos que hacer para frenar este problema? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que lo hecho dé resultados? son preguntas naturales. Aparentemente está diagnosticado, en teoría, se ha modificado el marco jurídico para reducir las probabilidades que ocurran más casos de violencia, se tengan mejores herramientas para inhibirlo, en el Estado de México se han asignado recursos para combatirlo y operar un modelo de respuesta y protección a las víctimas.
El 13 de agosto pasado, el Congreso Mexiquense ordenó los municipios declarados en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, instalar comisiones edilicias transitorias para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios y la desaparición, considerando que al involucrar a los Ayuntamientos en el diseño, instrumentación y evaluación de las acciones que en materia de violencia feminicida puedan emprender, se obtendrán beneficios de corto plazo. Ojalá que esto ayude a que los municipios asuman un rol más trascendente y recuperen el tiempo perdido. ¡Urge!
Ojalá también la Doctora María Fabiola Alanís Sámano, nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aporte propuestas eficaces sobre el tema, pues luego de su designación el 30 de julio pasado, no se ha vuelto a saber nada de ella.
Hablando de recuperaciones, en materia económica, preocupa al Consejo Coordinador Empresarial, la falta de avance en competitividad de nuestro estado, pues así ven difícil atraer nuevas inversiones y con ellas los empleos que se necesitan, además de evitar mayor impacto financiero para el Estado de México, si no revolucionan las cosas.
Han externado que requieren avances en cuanto a certeza jurídica, mejora regulatoria, infraestructura, informalidad, combate a la corrupción entre otros temas que son determinantes para rebasar a los estados que más inversión captan. Tan sólo en materia de seguridad, lamentan el fuerte incremento en el robo a negocios en los últimos dos meses, con más de 3,760 casos.
Otro inconveniente es que en este estado el 79.4 % de las unidades económicas son informales, lo que dificulta a los empresarios y emprendedores formales persistir, pues deben cumplir con todas las regulaciones y los costos que esto implica, más los protocolos tras la Pandemia, mientras su competencia desleal, se despreocupa en muchos sentidos.
Adicional a ello en el rubro de venta de alimentos, no conciben cómo se permitió que reanudaran actividades los puestos semifijos o ambulantes que representan un riesgo sanitario, pues no hay autoridad estatal o municipal que garantice que cumplan con las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID19 y eso podría revertir lo avanzado.
Buen reto tienen ya las autoridades de desarrollo económico y salud, que deben definir acciones certeras para beneficio y seguridad de la mayoría de la población.
¿Qué más tenemos que hacer para frenar este problema? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que lo hecho dé resultados? son preguntas naturales. Aparentemente está diagnosticado, en teoría, se ha modificado el marco jurídico para reducir las probabilidades que ocurran más casos de violencia, se tengan mejores herramientas para inhibirlo, en el Estado de México se han asignado recursos para combatirlo y operar un modelo de respuesta y protección a las víctimas.
El 13 de agosto pasado, el Congreso Mexiquense ordenó los municipios declarados en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, instalar comisiones edilicias transitorias para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios y la desaparición, considerando que al involucrar a los Ayuntamientos en el diseño, instrumentación y evaluación de las acciones que en materia de violencia feminicida puedan emprender, se obtendrán beneficios de corto plazo. Ojalá que esto ayude a que los municipios asuman un rol más trascendente y recuperen el tiempo perdido. ¡Urge!
Ojalá también la Doctora María Fabiola Alanís Sámano, nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aporte propuestas eficaces sobre el tema, pues luego de su designación el 30 de julio pasado, no se ha vuelto a saber nada de ella.
Hablando de recuperaciones, en materia económica, preocupa al Consejo Coordinador Empresarial, la falta de avance en competitividad de nuestro estado, pues así ven difícil atraer nuevas inversiones y con ellas los empleos que se necesitan, además de evitar mayor impacto financiero para el Estado de México, si no revolucionan las cosas.
Han externado que requieren avances en cuanto a certeza jurídica, mejora regulatoria, infraestructura, informalidad, combate a la corrupción entre otros temas que son determinantes para rebasar a los estados que más inversión captan. Tan sólo en materia de seguridad, lamentan el fuerte incremento en el robo a negocios en los últimos dos meses, con más de 3,760 casos.
Otro inconveniente es que en este estado el 79.4 % de las unidades económicas son informales, lo que dificulta a los empresarios y emprendedores formales persistir, pues deben cumplir con todas las regulaciones y los costos que esto implica, más los protocolos tras la Pandemia, mientras su competencia desleal, se despreocupa en muchos sentidos.
Adicional a ello en el rubro de venta de alimentos, no conciben cómo se permitió que reanudaran actividades los puestos semifijos o ambulantes que representan un riesgo sanitario, pues no hay autoridad estatal o municipal que garantice que cumplan con las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID19 y eso podría revertir lo avanzado.
Buen reto tienen ya las autoridades de desarrollo económico y salud, que deben definir acciones certeras para beneficio y seguridad de la mayoría de la población.
