La Administración Pública puede crear y estimular las condiciones para el mejor aprovechamiento de los recursos privados y públicos; como un producto histórico, cultural, social e institucional y, al tener relación directa con la acción de los ciudadanos, su desempeño es fundamental para el desarrollo de la sociedad.

La evaluación de la Administración Pública se ha especializado en México durante las últimas cinco décadas. Progresivamente se han establecido modelos para "medir" y "controlar" qué "resultados" obtienen los diferentes ámbitos de la administración. Leyes, reglamentos y otros mecanismos para saber qué y cómo se hacen las cosas.

Los "indicadores de resultados" reflejan si se trabaja bien o no… desde la óptica "especializada" de la burocracia; sin embargo, hay una evaluación más contundente y con impacto directo –incluso- en la continuidad o no de un proyecto institucional: la confianza y la aprobación de la ciudadanía, así como la reputación que se construye.

Es ahí donde la forma de comunicar es estratégica. En el día a día, con la información que se difunde –entendida como datos, textos, imágenes, videos, sonidos y actos públicos- y con las respuestas a la gente, es como una institución genera la percepción de su desempeño. Sin duda se realizan muchas acciones, derivadas de programas públicos –con recursos de quienes pagamos impuestos- y generan beneficios, pero si la gente no lo sabe y no lo comprende de esa manera "positiva", entonces la confianza y aprobación bajan.

Lamentablemente, como advierte María José Canel -y con la experiencia de casi tres décadas en el ámbito público- es claro que: "Los organigramas de la Administración Pública todavía no priorizan la comunicación y las dinámicas de trabajo siguen situando a ésta en un nivel muy técnico y ‘a posteriori’ de la toma de decisiones (…) la Administración Pública carece, todavía, de organigramas que se adecuen a lo que es la comunicación desde una perspectiva integral".

En ese contexto, la diputada local, Anaís Miriam Burgos Hernández, propuso la expedición de la Ley de Comunicación Social del Estado de México. Deja entrever que la comunicación es un "gasto superfluo" que debe ser controlado en los entes públicos; plantea cambios sin comprender a fondo la comunicación en la Administración Pública y la sintetiza como: "campañas". Es una propuesta que les otorga a la Legislatura y a la Secretaría General de Gobierno, control absoluto de la comunicación pública estatal.

Iniciativa que genera más inquietudes que certezas…