Vida Pública de Arturo Huicochea
El inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión obliga a replantear prioridades. En pocos temas esa oportunidad es tan evidente como en la seguridad pública. Senadores y diputados tienen la posibilidad de abordarla por primera vez desde el ángulo correcto.
Hasta ahora, los resultados de las reformas aprobadas han sido limitados, no por falta de voluntad, sino por insuficiente comprensión de las causas de la inseguridad. Los legisladores se han concentrado en los síntomas y no en la causa. Han caído en la trampa de creer que la pobreza es la causa de la criminalidad, siendo exactamente al revés.
La inseguridad es un déficit institucional. No surge únicamente de la existencia de delincuentes, sino de un sistema que no logra investigarlos, procesarlos y sancionarlos.
Los datos son contundentes. De acuerdo con la ENVIPE del INEGI, más del 92 % de los delitos no se denuncian o no se investigan, y la probabilidad real de que un ilícito termine en una sentencia condenatoria es de apenas 0.1 %. México opera con 99 % de impunidad. Y donde no hay consecuencias, el crimen no solo resiste, crece.
Hasta ahora se ha legislado con buenas intenciones, pero sin claridad; han endurecido penas, creado estructuras policiales, ampliado facultades, multiplicado recursos, pero sin tocar el núcleo: la incapacidad del Estado para investigar los delitos.
Aquí aparece la pieza faltante: es indispensable desatar la capacidad de investigación del Estado Mexicano. Dicha pieza, atendería la causa del problema, porque la policía no investiga para detener, detiene para investigar. Y si los legisladores cambian eso, todo el sistema cambiará para bien, en una reacción en cadena.
Por absurdo que parezca, actualmente la investigación está atrapada en esquemas confusos de mando, saturada de funciones contradictorias o desvinculada de una lógica profesional, el resultado salta a la vista: violencia creciente, expedientes inútiles, procesos fallidos: crimen sin castigo.
Si se libera la capacidad de investigación donde hoy está bloqueada, si se profesionaliza con lógica de mérito y carrera, si se delimitan con claridad las funciones operativas y las jurídicas y si se refuerzan los controles judiciales, el sistema comenzará a producir, más pronto de lo que suponemos, algo que hoy es excepcional: sentencias condenatorias. Cuando haya sentencias, habrá disuasión.
Este enfoque es consistente con la evidencia empírica y comparada. La inseguridad no es un asunto de individuos, sino de la arquitectura institucional. Para las víctimas y sus familiares, ofrece una promesa creíble de verdad, garantía de no repetición y justicia. Y para legisladoras y legisladores representa la oportunidad de liderar una conversación de fondo, seria y responsable, que detonará la transformación institucional primero, y social, después.
La clave está en reformar el artículo 21 constitucional. Esa reforma será la piedra angular del arco protector de la seguridad, la justicia y la paz que deseamos, necesitamos y merecemos.
