Vida Pública de Arturo Huicochea

Todo Plan es una promesa pública de mejoría.

El Plan Rector del Poder Judicial del Estado de México cumple con lo que formalmente se espera de él: ordena acciones, enumera programas, describe procesos de modernización. En el papel, funciona. Pero tiene un problema tan sutil como relevante: no alcanza a explicar qué cambiará realmente en la experiencia de justicia de la ciudadanía.

No es una omisión menor. Es el punto donde hoy se juega la legitimidad institucional, constitucional y política.

El Plan habla con claridad de capacitación, digitalización y fortalecimiento de la oralidad. Lo que no termina de decir es cómo esas acciones producirán mejores resoluciones, menos rezago y mayor confianza pública. Cuando un documento estratégico no muestra la lógica de causalidad, la relación entre las causas y sus efectos, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de cumplimiento, no de transformación.

En otros poderes judiciales locales del país, el avance ya está ocurriendo: indicadores de impacto (Durango y Chihuahua), evaluación externa y observación ciudadana (Jalisco y CDMX), metas públicas y auditorías de flujo (Nuevo León). No por presión política, sino por una comprensión elemental del momento histórico: la autoridad judicial ya no se declara, se demuestra.

Aquí aparece la vulnerabilidad del Plan. Puede ejecutarse puntualmente y aun así dejar intacta la brecha entre justicia procesada por la burocracia judicial y justicia recibida por las personas. Puede modernizar procedimientos sin tocar el núcleo del problema: la experiencia de los justiciables en un tribunal.

Eso no cuestiona la buena fe del documento. Cuestiona su alcance.

La buena noticia es que el Plan no está cerrado. Aún puede fortalecerse sin desnaturalizarse. Bastaría acompañarlo de instrumentos complementarios que hoy ya forman parte del estándar institucional: un sistema público de indicadores de desempeño judicial; una estrategia clara de justicia abierta que permita observar y evaluar; un programa verificable de reducción del rezago; un informe periódico que mida no solo productividad, sino confianza e independencia; y mecanismos de comunicación basados en el principio de máxima publicidad.

Nuestro Poder Judicial está en una encrucijada: decidir si este Plan será un texto de transición normativa, o el punto de partida de un Poder Judicial que cambió su relación con la sociedad.

Porque al final, ningún Plan se define por haberse cumplido.
Se define por lo que logra cambiar. No importa que el Plan se cumpla, importa que el Poder Judicial cumpla su promesa de transformación.

El Plan Rector del PJEdomex es insuficiente, pero aún está a tiempo de decir algo más.