Decidir sobre el uso de recursos públicos y atender los problemas sociales -rezagados y emergentes- que se viven en un municipio, una entidad federativa y el país, es tarea de todo gobierno. Habría que añadir uno de los mayores desafíos actuales en la Administración Pública: mantener comunicación con toda la sociedad.

Es necesario comunicar para generar -y acrecentar- la confianza en la autoridad, a la que le corresponde determinar qué problemas se atienden, en qué orden, con qué intensidad y en qué plazo. Sin lazos comunicantes con los diferentes sectores, el voto de confianza que inicialmente recibe un gobierno se deteriora.

Lamentablemente, las administraciones públicas -en general- son vistas como organizaciones “burocráticas, lentas, ineficientes y corruptas (…) grandes, derrochadoras y oscurantistas” (Canel, 2018). Algunos gobiernos deciden que su identidad (características que le distinguen de otros órdenes y ámbitos de autoridad) se centre en quien ocupa la titularidad del Poder -Ejecutivo, Legislativo o Judicial-, porque se considera que esa es la forma de obtener reconocimiento positivo.

Por ejemplo, en el gobierno federal la estrategia de comunicación se ha enfocado y sostenido en la imagen del propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien -de acuerdo con los estudios de opinión- sigue teniendo una aprobación superior al 60 % entre la ciudadanía.

El sitio Oraculus -que “da seguimiento y agrega los resultados de las principales encuestas públicas de aprobación presidencial”- indica que, en diciembre de 2018, el presidente arrancó con 76 % de aprobación promedio y 15 % de desaprobación, y hasta septiembre de este año, la valoración positiva era de 68 % y la negativa, 29 %.

La estrategia presidencial se basa en las mañaneras, donde se mantiene control del mensaje, aprovechando su peculiar estilo de “informar” y la habilidad de López Obrador para aplicar la técnica “bloqueo y puenteo”, consistente en responder lo que es pertinente para él (aunque en su caso no corresponda a datos comprobables) y “brincar” lo que no es adecuado a su objetivo.

Sin embargo, ese modelo personalizado difícilmente se puede aplicar en otros casos, porque no todos los actores tienen las competencias comunicativas (gusten o no) del presidente, ni los acuerdos institucionales que permiten “blindarle”, derivados de la concentración -en Palacio Nacional- de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal.

¿Cuál será la estrategia de la administración de la primera gobernadora mexiquense? Hasta ahora sigue siendo difusa, aunque -de manera inercial­- los medios le asignan primeras planas y notas principales. Su saldo es positivo.

PERCEPCIÓN:

Pertinente la postura de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal para garantizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos en la entidad.

Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx.

Presidente del Consejo Ciudadano del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. X: @RJoyaC