Lumbreras de Perícles De Buen Hierro

El tema sensación de la semana ha sido, sin duda, la compra de nueve camionetas de lujo y blindadas para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cada una con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos. Los ministros justificaron la adquisición señalando que las unidades anteriores se encontraban en malas condiciones y que, dada la naturaleza de su encargo, requieren medidas de seguridad acordes con su responsabilidad institucional.

No obstante, la operación desató una avalancha de reacciones, principalmente porque el gasto parecía contradecir el discurso de austeridad republicana que durante años ha sido enarbolado por el movimiento de la Cuarta Transformación. Ante las críticas, se anunció que las camionetas no serían utilizadas y que se iniciaría el proceso de devolución de las unidades. Posteriormente, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que la decisión no era un acto simbólico, e incluso sugirió que los ministros podrían trasladarse en autobús o metro para el desempeño de sus funciones.

Bajo este contexto, resulta pertinente reflexionar sobre varios puntos: ¿estaba justificado el gasto en unidades blindadas? ¿la austeridad republicana es realmente una práctica constante entre los integrantes de la Cuarta Transformación? y, sobre todo, ¿quién debe señalar los excesos que se generan desde el poder?

La seguridad de los integrantes de la SCJN no debería estar en discusión. Su labor implica un riesgo real derivado de la naturaleza de las decisiones que adoptan. Los ministros resuelven asuntos que afectan intereses de alto calibre: crimen organizado, grandes empresas, partidos políticos y fuerzas de seguridad, entre otros. Esto los convierte en blancos potenciales de amenazas, presiones o incluso atentados. Idealmente, en un país guiado por el “pueblo bueno y sabio”, estos riesgos no deberían existir; sin embargo, esa visión pertenece más al terreno del deber ser que a la realidad. Un juez que vive con miedo ve mermada su libertad para decidir. Desde esa lógica, el uso de autos blindados responde a la prevención de riesgos antes de que se materialicen, pues un atentado no solo dañaría a una persona, sino al Estado de derecho mismo.

Sin embargo, aun aceptando que la seguridad está justificada, el problema radica en el discurso. Durante años, la Cuarta Transformación —y ahora algunos integrantes de la SCJN— sostuvieron que este tipo de gastos eran desproporcionados, propios de una élite “neoliberal” o “fifí”. Basta recordar que el expresidente López Obrador insistía en que no necesitaba más que un Jetta para transportarse; una narrativa que, con el tiempo, fue cambiando hasta normalizar el uso de camionetas de lujo, al más puro estilo de aquello que tanto se criticó.

A ello se suman otros episodios protagonizados por figuras asociadas al régimen actual, señaladas por prácticas y lujos que contrastan con la multicitada austeridad republicana: declaraciones patrimoniales con casas, terrenos y vehículos de alto valor; viajes en jets privados; portación de artículos y ropa de marcas de lujo como Cartier, Tiffany, Versace, Prada o Louis Vuitton; así como viajes al extranjero de los propios hijos del expresidente López Obrador. No necesariamente ilegales, pero sí profundamente incongruentes con el discurso que los llevó al poder.

En este escenario, cabría suponer que la oposición estaría capitalizando políticamente estas contradicciones. Sin embargo, más allá del juego partidista, lo que queda claro es que a quienes hoy gobiernan no les indignaban tanto los privilegios del “PRIAN”, sino el hecho de no poder acceder a ellos. Ahora que están del otro lado, y convertidos en objeto de las mismas críticas que durante años alentaron, recurren a discursos de justificación y minimización para explicar lo que antes condenaban sin matices.

Como dice el dicho popular, “el que a hierro mata, a hierro muere”. Quienes construyeron su capital político señalando excesos y lujos ajenos, hoy enfrentan el peso de sus propias incongruencias. Mientras tanto, la ciudadanía observa cómo la distancia entre el discurso y la realidad se ensancha, confirmando que el verdadero problema no era el gasto en sí, sino quién lo ejercía. Y cuando el poder cambia de manos, también cambian —con demasiada facilidad— los principios que se decían inquebrantables.