El Poder Judicial de la Federación tiene ante sí uno de los más importantes retos de su historia, esto es nada menos que preservar el orden y la sensatez acotando las intenciones presidenciales con apego a la Ley, además de dejar claro cuál es la vigencia y la significación que la figura del amparo tiene como máxima defensa de los derechos del ciudadano ante actos de autoridad que pueden ser injustos o incorrectos.
El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México será el encargado de definir si es válida o no la intención del Presidente de México de clasificar al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía como "Instalaciones Estratégicas", considerando todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ahí situados.
Esta es indudablemente una maniobra para superar los 117 amparos que han interpuesto los integrantes del colectivo #NoMásDerroches y que han logrado detener la construcción de una terminal aérea civil, que no cuenta con permisos, autorizaciones, dictámenes y estudios que señalan las leyes y cuyas características por cierto a la fecha no se conocen con detalle, por lo que lógicamente no se entendería que tuvieran tal categoría.
Es inverosímil pensar que la suspensión del proyecto de Santa Lucía sea de interés nacional y apenas ahora se argumente; difícil defender que esté en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional, pero se quieran conjuntar ahí otra serie innumerable de maniobras que podrían hasta complicar el auxilio a la población en caso de desastre -si es como dicen- en lugar de fortalecer la vocación original de la terminal militar y concretar un aeropuerto civil cuyo diseño y alcances se conozcan antes de empezar a construirlo.
Los amparos previamente otorgados a los ciudadanos inconformes, demuestran que hay dudas razonables y leyes que cumplir, evidencian que va contra toda lógica, pero ahora estará a prueba si ese razonamiento es suficiente y está blindado ante las obstinaciones presidenciales, que no han logrado mostrar terminantemente ni la conveniencia económica de haber cancelado el proyecto de Aeropuerto en Texcoco, dilapidando multimillonarios recursos.
¿Serán capaces de establecer el precedente negativo de anular el Derecho de Amparo argumentando a la desesperada causas de seguridad nacional cuando razón no tengan? Ojalá que no. Ojalá que el Poder Judicial muestre la fortaleza para resistir estas presiones que nada bueno traerán y haga valer realmente la proyección del orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente al que todos dicen defender cuando conviene.
EXPLICACIONES
Ojalá tuvieran todos los alcaldes que vergonzosamente no pudieron gestionar la totalidad de los recursos del FEFOM, porque es imperdonable que tuvieron medio año después de la elección para asumir el poder y no atinaron a formar un equipo capaces ni previeron cumplir los requisitos para ello. Incompetencia se llama.
El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México será el encargado de definir si es válida o no la intención del Presidente de México de clasificar al Aeropuerto Internacional de Santa Lucía como "Instalaciones Estratégicas", considerando todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ahí situados.
Esta es indudablemente una maniobra para superar los 117 amparos que han interpuesto los integrantes del colectivo #NoMásDerroches y que han logrado detener la construcción de una terminal aérea civil, que no cuenta con permisos, autorizaciones, dictámenes y estudios que señalan las leyes y cuyas características por cierto a la fecha no se conocen con detalle, por lo que lógicamente no se entendería que tuvieran tal categoría.
Es inverosímil pensar que la suspensión del proyecto de Santa Lucía sea de interés nacional y apenas ahora se argumente; difícil defender que esté en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional, pero se quieran conjuntar ahí otra serie innumerable de maniobras que podrían hasta complicar el auxilio a la población en caso de desastre -si es como dicen- en lugar de fortalecer la vocación original de la terminal militar y concretar un aeropuerto civil cuyo diseño y alcances se conozcan antes de empezar a construirlo.
Los amparos previamente otorgados a los ciudadanos inconformes, demuestran que hay dudas razonables y leyes que cumplir, evidencian que va contra toda lógica, pero ahora estará a prueba si ese razonamiento es suficiente y está blindado ante las obstinaciones presidenciales, que no han logrado mostrar terminantemente ni la conveniencia económica de haber cancelado el proyecto de Aeropuerto en Texcoco, dilapidando multimillonarios recursos.
¿Serán capaces de establecer el precedente negativo de anular el Derecho de Amparo argumentando a la desesperada causas de seguridad nacional cuando razón no tengan? Ojalá que no. Ojalá que el Poder Judicial muestre la fortaleza para resistir estas presiones que nada bueno traerán y haga valer realmente la proyección del orden público, el interés social, las finanzas públicas y el medio ambiente al que todos dicen defender cuando conviene.
EXPLICACIONES
Ojalá tuvieran todos los alcaldes que vergonzosamente no pudieron gestionar la totalidad de los recursos del FEFOM, porque es imperdonable que tuvieron medio año después de la elección para asumir el poder y no atinaron a formar un equipo capaces ni previeron cumplir los requisitos para ello. Incompetencia se llama.
