Dicen que ... por Daniel Camargo
El caso de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, ha dejado de ser un simple expediente penal para convertirse en un crudo retrato de cómo el poder local tiene la posibilidad de acomodar la balanza de la justicia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostiene una hipótesis demoledora: el presunto secuestro denunciado por la alcaldesa el pasado 31 de mayo fue, en realidad, una elaborada simulación diseñada para encubrir un boquete financiero de 40 millones de pesos en las arcas del Ayuntamiento.
Sin embargo, el curso de las investigaciones ha chocado de frente con una muralla de presuntos conflictos de interés que apunta directamente al un integrante del Poder Judicial mexiquense.
La polémica se centra en la figura del juez de control Edgar Garay Vilchis, encargado de dictar las resoluciones clave del proceso. De acuerdo con las denuncias públicas encabezadas por defensores legales e inconformes del municipio, el juzgador comparte un vínculo de extrema cercanía laboral y familiar con la propia procesada.
Se señala que el hijo del juez, Edgar Garay Jiménez, opera formalmente como coordinador de Gobernación de la actual administración municipal y mantiene una relación de subordinación directa con la directora del área, Guillermina Cruz Cortéz, una de las funcionarias de absoluta confianza de Nancy Nápoles Pacheco.
El artículo 36 del Código Nacional de Procedimientos Penales es tajante: cualquier juzgador cuya independencia u objetividad pueda verse comprometida por lazos familiares o de subordinación directa con las partes debe excusarse del caso. En Tenancingo, esa regla parece haber sido ignorada.
Las consecuencias de esta cuestionada imparcialidad ya se reflejan en el trato procesal otorgado a la alcaldesa. Tras una maratónica audiencia inicial de 12 horas celebrada bajo un hermético esquema de puertas cerradas —donde incluso se ordenó el desalojo de los medios de comunicación—, el juez Edgar Garay Vilchis autorizó la suspensión condicional del proceso por un periodo de seis meses.
Esta medida no solo blindó a la funcionaria de la prisión preventiva, sino que le permitió continuar al frente del Ayuntamiento sin necesidad de separarse del cargo de presidenta municipal. En contraste, mientras la alcaldesa despacha con tranquilidad desde su oficina, su propio esposo y su cuñado permanecen declarados prófugos de la justicia, señalados por la Fiscalía como coautores materiales del montaje.
La resolución judicial alimenta un clima de sospecha e indignación entre los habitantes de Tenancingo, quienes se han manifestado a las afueras de los tribunales exigiendo la destitución inmediata de la alcaldesa.
En los pasillos del poder dicen que el otorgamiento de un plazo de medio año para la investigación complementaria, sumado a las nulas restricciones operativas impuestas a Nancy Nápoles, genera un escenario de desconfianza y la oportunidad para la obstaculización de pruebas y facilita la evasión del resto de los implicados.
