La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que busca establecer un marco jurídico único para combatir este delito en todo el país.
La propuesta, que será enviada al Congreso de la Unión, contempla penas de 50 a 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio, además de incorporar 19 agravantes que permitirían incrementar la sanción en casos específicos, como cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor o se encuentre embarazada.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que uno de los principales objetivos de la iniciativa es garantizar que todas las fiscalías del país investiguen los feminicidios bajo los mismos criterios, con perspectiva de género y protocolos homologados, evitando que estos casos sean clasificados de manera incorrecta como suicidios u otras causas.
La iniciativa establece que incurre en feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género e incorpora diez supuestos para acreditar este delito, entre ellos la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, relaciones de poder desiguales o hechos motivados por estereotipos de género.
Además de las penas de prisión, el proyecto contempla sanciones complementarias como la pérdida de derechos sucesorios, la patria potestad o la tutela de hijos e hijas, así como la destitución e inhabilitación de servidores públicos responsables de este delito. También establece que el feminicidio será considerado un delito imprescriptible.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, explicó que la propuesta obliga al Ministerio Público a iniciar de oficio las investigaciones, aplicar protocolos especializados, analizar antecedentes de violencia aun cuando no existan denuncias previas y orientar las pesquisas hacia el esclarecimiento de los hechos y la reparación integral del daño.
Por su parte, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez, indicó que el proyecto también fortalece los derechos de las víctimas y sus familias al garantizar atención médica y psicológica de emergencia, asesoría jurídica gratuita, apoyo integral para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como medidas de protección para mujeres sobrevivientes.
La iniciativa contempla además la creación de un registro nacional de menores que hayan quedado en orfandad por este delito, el fortalecimiento de refugios y centros de atención especializados, así como la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida en el país.
