Vida Pública de Arturo Huicochea 

La política mexicana acaba de regalarnos una de esas ironías que difícilmente podría imaginar un novelista.

El pasado 9 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo pública su nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa. Bastaron unas horas para que el debate diera un giro tan inesperado como incómodo: un organismo del Estado, durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, reabrió la discusión sobre elementos que durante años fueron presentados como la máxima expresión de una mentira oficial.

Durante casi una década se nos dijo que Ayotzinapa dividía al país entre quienes defendían la verdad y quienes protegían el encubrimiento. La llamada "verdad histórica" fue convertida en el emblema del engaño del antiguo régimen. Andrés Manuel López Obrador prometió, como candidato y como Presidente, que su gobierno conocería toda la verdad y haría justicia. No dejó espacio para los matices; ofreció certezas.

Millones le creyeron. Le creyeron los padres de los normalistas. Le creyeron organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Le creyeron periodistas, académicos y ciudadanos que vieron en aquella promesa un compromiso moral, no una estrategia política.

Por eso el contenido del reciente informe de la CNDH resulta tan perturbador. Diversos analistas han señalado que algunos de sus planteamientos recuperan aspectos que durante años fueron descalificados como parte de la "verdad histórica". La pregunta es inevitable: ¿cambiaron los hechos o cambió el discurso?

La contradicción no es menor. Mientras Jesús Murillo Karam permanece sujeto a proceso por actuaciones relacionadas con aquella investigación, un organismo del propio Estado vuelve a colocar sobre la mesa elementos que durante años fueron descartados de manera categórica. Al mismo tiempo, organizaciones como el Centro Prodh han cuestionado severamente el informe y han acusado a la CNDH de apartarse de la ruta que durante años dijo defender.

La ironía es difícil de ignorar. Quienes prometieron desmontar una narrativa oficial hoy enfrentan cuestionamientos porque una institución del Estado parece acercarse, al menos parcialmente, a esa misma narrativa. No es la oposición quien formula esa incómoda pregunta; son antiguos aliados quienes hoy expresan decepción y hablan de un retroceso.

Las víctimas siguen siendo las mismas. Los desaparecidos siguen siendo los mismos. El dolor de sus familias no ha cambiado.

Lo que sí parece haber cambiado es el relato político.

Quizá esa sea la lección más amarga. Una tragedia nacional nunca debió convertirse en el principal argumento de una campaña ni en el fundamento moral de un proyecto político. Porque cuando las promesas son absolutas, las contradicciones también lo son.

La historia suele ser implacable con quienes aseguran poseer la verdad definitiva. Sobre todo cuando el tiempo, los documentos oficiales y las propias instituciones obligan a revisar aquello que se presentó como incuestionable.

Y entonces la pregunta deja de ser quién construyó la llamada "verdad histórica".

La pregunta verdaderamente incómoda es otra:

¿Quién construyó la verdad políticamente más rentable?