PERSPECTIVAS DE CYNTHIA VALERIANO 

“La confianza es el pegamento de la vida. Es el ingrediente más esencial en la comunicación efectiva. Es el principio fundamental que sostiene todas las relaciones.”
Stephen R. Covey

Complicadas semanas ha tenido la oficina del director general de Petróleos Mexicanos, aquella empresa de doradas épocas que representó el gran activo estratégico del Estado mexicano. Hoy, sin embargo, se ha convertido en el principal pasivo contingente de las finanzas públicas nacionales, con un fuerte problema de credibilidad financiera.

Los informes financieros auditados de Pemex correspondientes a 2023, 2024 y 2025 muestran inconsistencias, reservas de información y discrepancias que han comenzado a erosionar la confianza de inversionistas, calificadoras y mercados internacionales. Más grave aún: el deterioro reputacional de Pemex ya está contaminando la percepción de riesgo soberano de México.

No se trata de una discusión menor, la confianza es una condición sin la cual los mercados financieros no pueden operar, por lo que cuando se posee, se traduce en un bajo costo del dinero, pero cuando se carece de ella, no solo se traduce en aumentos sino en condiciones desfavorables cuyos efectos pueden ser de largo plazo.

Pemex reportó estados financieros dictaminados bajo las normas internacionales de información financiera y debido a su participación en la bolsa de valores, debe contar con estados financieros auditados y dictaminados tanto por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como por la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC). Sin embargo, paralelamente, comenzaron a surgir observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y reportes sobre auditorías reservadas u ocultadas parcialmente al público.

La ASF detectó irregularidades relevantes que tan solo en el ejercicio 2023 detectaron diferencias por 2 mil 164 millones de pesos y 8.6 millones de dólares en registros de pagos; costos financieros por 5 mil 544 millones de pesos no reportados al Consejo de Administración; pagos sin soporte suficiente; desfases que generaban riesgos de intereses moratorios y debilidades en los controles internos de validación contable.

Cuando una empresa listada en mercados internacionales presenta información financiera distinta, incompleta o difícilmente conciliable entre reportes auditados, informes regulatorios y hallazgos de fiscalización pública, se genera una señal de alerta inmediata para acreedores e inversionistas institucionales. Particularmente cuando hablamos de la petrolera más endeudada del mundo.

Pemex cerró 2025 con una deuda financiera superior a 84 mil millones de dólares. Aunque el gobierno federal ha inyectado recursos masivos para reducir presiones de liquidez, buena parte del “mejoramiento” financiero reciente no proviene de una mayor rentabilidad operativa, sino de transferencias fiscales, capitalizaciones, estímulos tributarios y refinanciamientos respaldados implícitamente por la deuda soberana mexicana.

Solo para tener un marco de referencia, entre 2019 y 2025, las transferencias y apoyos públicos acumulados a Pemex superaron 1.8 billones de pesos. Ese monto equivale a varios años completos del presupuesto federal en salud o educación superior y es prácticamente lo que se destina al sistema de pensiones contributivas y no contributivas para todo el 2025. La petrolera dejó de ser un generador neto de recursos fiscales para convertirse en un consumidor estructural de finanzas públicas que no parece tener fin.

Y es a partir de estas evaluaciones, que las agencias calificadoras ya dejaron claro que el deterioro de Pemex afecta directamente la evaluación de la deuda soberana mexicana. Apenas esta semana Moody’s redujo recientemente la calificación de México de Baa2 a Baa3 —el último escalón antes del grado especulativo— señalando explícitamente el peso fiscal que representa el rescate permanente de Pemex.

Standard and Poor’s hace una semana presentó su informe de evaluación y también modificó la perspectiva de la deuda soberana y la de Pemex a negativa por los crecientes riesgos fiscales asociados a bajo crecimiento económico y mayores necesidades de apoyo gubernamental en los próximos años.

Si a los riesgos percibidos por la incapacidad técnica de levantar la producción en la petrolera se le suman los señalamientos de operaciones opacas o inconsistentes con su realidad, esto al final se traduce en una prima de riesgo exigida a México mayor que la actual, es decir, nos lleva a un punto en donde para obtener financiamiento se deberán pagar mayores tasas de interés, un deterioro en la expectativa de inversionistas nacionales y extranjeros que son convocados a participar en los proyectos petroleros y por ende, menor cantidad de recursos frescos que le permitan a la empresa “de todos los mexicanos” salir de la crisis en la que se encuentra.

La decisión de reservar auditorías hasta 2028, incluyendo revisiones realizadas por la consultora internacional KPMG sobre cifras entregadas a autoridades financieras de México y Estados Unidos, profundiza precisamente esa incertidumbre. En términos de gobernanza corporativa, ocultar información crítica en una emisora con colocaciones en mercados internacionales resulta particularmente delicado.

Paradójicamente, a pesar de las condiciones anteriormente descritas, Pemex logró regresar a la Bolsa Mexicana de Valores en 2026, después de 7 años de mantenerse fuera del mercado, con emisiones por más de 31 mil millones de pesos y alta demanda de inversionistas. Pero, no debemos confundir lo que pudiera leerse como un símbolo de confianza en la petrolera por su desempeño futuro, en realidad este apetito financiero responde a la creencia de que el gobierno mexicano seguirá rescatándola sin importar el costo fiscal, sin duda, es una gran apuesta.

Pemex todavía puede corregir el rumbo. Pero ello exige algo más profundo que refinanciar deuda o cambiar a los altos directivos. Exige reconstruir credibilidad institucional, transparentar las auditorías, homologar criterios y controles contables y reconocer que las finanzas públicas tienen un límite, por lo que no pueden absorber infinitamente los costos de una empresa cuya viabilidad operativa sigue deteriorándose.

Porque si de algo podemos estar seguros, es que no es un problema que se pueda resolver solo con ajustes cosméticos y algunas estrategias financieras para seguir pateando la deuda unos años adelante, requiere cirugía mayor, una estrategia táctica que permita restringir su participación en áreas de negocio que no son rentables, concentrarse solo en aquellas en las que se demuestre capacidad técnica, financiera y operativa y por supuesto, reconocer, que después de todo, no se trataba solo de perforar la tierra y que cualquiera con una lealtad del 90% aunque tuviera una capacidad del 10% podría con el desafío.