La diputada local Miriam Silva Mata (PVEM), presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura mexiquense, hizo un llamado urgente a las ciudadanas a no guardar silencio y denunciar cualquier agresión sufrida en entornos virtuales. Al compartir su propio caso como víctima de acoso y difamación digital a raíz de su labor en defensa del derecho al agua en Ecatepec, la legisladora validó la efectividad de las instituciones estatales. Informó que las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) avanzaron con celeridad, derivando en el otorgamiento inmediato de medidas de protección para salvaguardar su integridad.
El éxito del proceso radicó en la aplicación de la reforma aprobada en marzo de 2026 a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México —impulsada conjuntamente por la bancada del PVEM y la diputada Patricia Santos Rodríguez (Morena)—. Este marco jurídico faculta al Ministerio Público y al Poder Judicial a ordenar el retiro, bloqueo o destrucción fulminante de contenidos multimedia, perfiles o páginas web que vulneren la intimidad o la imagen pública de una persona sin su consentimiento. En el caso de la legisladora, la intervención de la Fiscalía General permitió la eliminación total, durante el pasado mes de abril, de los videos apócrifos que la calumniaban.
De acuerdo con registros de la Secretaría de Seguridad estatal, la violencia digital afecta a cerca del 30 por ciento de las mujeres usuarias de internet en la entidad, identificando a las jóvenes de entre 20 y 29 años como el sector demográfico con mayor índice de vulnerabilidad.
Silva Mata reconoció la coordinación operativa entre la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y la Policía Cibernética del Estado de México para dar respuesta real y punible a estos delitos, aunque urgió a avanzar hacia la creación de un registro nacional de agresores digitales. Finalmente, recordó que para orientar y acompañar a las víctimas en la presentación de sus demandas penales, el Estado cuenta con las líneas de atención telefónica gratuita 800 702 87 70 y 800 398 07 74, operativas las 24 horas del día, los 365 días del año.
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