El diputado Octavio Martínez Vargas, integrante de Morena en la LXII Legislatura del Estado de México, propuso establecer un límite a los incrementos en las rentas de vivienda para que no puedan superar la inflación registrada por el Banco de México durante el año anterior.
La iniciativa contempla modificaciones al Código Civil del Estado de México y a la Ley de Vivienda estatal, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad y certeza jurídica para las personas que tienen acceso a una vivienda mediante el arrendamiento.
Entre las medidas planteadas también se encuentra establecer un periodo mínimo de 90 días naturales de anticipación para que tanto propietarios como inquilinos notifiquen su decisión de concluir un contrato de arrendamiento destinado a casa habitación.
De acuerdo con la propuesta, el incremento de la renta no podría superar la inflación correspondiente al año inmediato anterior, y esta misma restricción aplicaría cuando se renueve o modifique el contrato.
Martínez Vargas señaló que el acceso a una vivienda adecuada debe entenderse como un derecho que no necesariamente depende de ser propietario de un inmueble, por lo que planteó ampliar las alternativas para quienes recurren al alquiler como mecanismo para contar con un hogar.
La iniciativa cita datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, según los cuales 65.1 por ciento de las viviendas particulares habitadas en el Estado de México son propias, mientras que 17.6 por ciento son rentadas y 16.4 por ciento son prestadas por familiares o amistades.
El documento también advierte sobre el peso que representa el arrendamiento para los hogares con menores ingresos. Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, refiere que las familias ubicadas en el primer decil pueden destinar hasta 32.6 por ciento de sus ingresos al pago de renta.
Otro de los planteamientos establece que los inmuebles destinados al arrendamiento deberán contar con servicios básicos y reunir condiciones adecuadas de habitabilidad, higiene, salud y saneamiento.
En cuanto a la terminación de los contratos, la persona arrendadora tendría que comunicar por escrito con al menos 90 días naturales de anticipación su decisión de finalizar el acuerdo y solicitar la desocupación del inmueble. La misma obligación aplicaría para quien renta y pretenda abandonar la vivienda.
Las notificaciones, además, tendrían que efectuarse mediante mecanismos que permitan acreditar de manera confiable que fueron recibidas por la otra parte.
El proyecto propone igualmente la creación de un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento, integrado al Sistema Estatal de Vivienda. Los propietarios tendrían un plazo máximo de 30 días hábiles después de celebrar el contrato para realizar su registro.
La información contenida en esta plataforma estaría sujeta a las disposiciones de transparencia y protección de datos personales, por lo que no tendría carácter público general y su consulta se realizaría bajo las condiciones establecidas por la legislación.
En materia de política habitacional, la iniciativa plantea que el Estado genere condiciones para facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, tanto mediante la propiedad como a través del arrendamiento, con especial atención a personas en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
También propone incorporar alternativas para quienes no tienen posibilidades de acceder a un crédito hipotecario, incluyendo esquemas de apoyo al arrendamiento y subsidios destinados a estos sectores.
Con estas modificaciones, el legislador busca ampliar las opciones de acceso a la vivienda y generar mayores condiciones de estabilidad, seguridad y certeza jurídica para propietarios e inquilinos en el Estado de México.
#Edomex #EstadoDeMéxico #OctavioMartínez #Morena #LXIIlegislatura #Rentas #Vivienda #Inflación #OscarGlenn
