Vida Pública por Arturo Huicochea
A casi la mitad del sexenio, el Gobierno del Estado de México tiene poco margen para el triunfalismo en materia de seguridad. La ENVIPE 2026 registra una reducción importante de la incidencia delictiva: pasó de 48,426 delitos por cada 100 mil habitantes en 2024 a 40,915 en 2025, una caída de 15.5%. También disminuyó la victimización 8.5%.
Pero hay un dato que desarma cualquier celebración prematura: 94 de cada 100 delitos siguen sin denuncia o sin carpeta de investigación. La cifra oculta pasó de 94.3% a 94.0% y el propio INEGI advierte que la diferencia no es estadísticamente significativa. Apenas 8.9% de los delitos se denuncia y sólo 6.0% del total llega a una carpeta.
Tampoco la percepción ciudadana permite cantar victoria: 90% de los mexiquenses considera inseguro vivir en el Estado de México, 68.1% identifica la inseguridad como el principal problema y apenas 30% se siente seguro caminando solo de noche cerca de su vivienda.
Y aquí está lo verdaderamente preocupante: los resultados no pueden separarse de la manera en que se atiende la seguridad.
Si la constante es operar sin los programas municipales que la propia ley obliga a elaborar; sin indicadores que permitan evaluar resultados municipio por municipio; y pasando por alto el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, no hay razón seria para esperar que la realidad cambie sustancialmente.
Generar seguridad no consiste en acumular operativos, patrullajes o comunicados. Consiste en diagnosticar, planear, ejecutar, medir, corregir y rendir cuentas. Sin objetivos verificables e indicadores por municipio, ¿cómo saber qué funciona, dónde funciona y qué debe corregirse?
Y sin una adecuada articulación entre policía, investigación, justicia cívica, fiscalías y jueces, la reducción estadística del delito no necesariamente se convierte en seguridad ni en justicia.
La ENVIPE lo exhibe con crudeza: el Estado de México registra menos delitos estimados, pero la distancia entre delito y justicia permanece prácticamente intacta.
Por eso, el verdadero indicador del gobierno no debería ser cuánto puede presumir que bajó la incidencia, sino cuántos delitos consigue convertir en denuncias, investigaciones y consecuencias para quien delinque.
Esperar mejores resultados manteniendo las mismas deficiencias de planeación, medición y coordinación no es estrategia.
Es pensamiento mágico.
Y el pensamiento mágico podrá servir para construir discursos; no para generar seguridad.
