El Pleno de la LXII Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad sancionar con penas de cuatro a 10 años de prisión a las personas servidoras públicas de procuración y administración de justicia que incurran en corrupción, negligencia, omisiones u obstrucción en investigaciones sobre delitos cometidos contra mujeres por razones de género. La reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado contempla también multas de 100 a 150 días y la destitución e inhabilitación de los funcionarios infractores.
El dictamen, impulsado por la diputada Jennifer Nathalie González López (Morena) bajo la denominación “Mariana Lima Buendía”, mandata que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investigue con perspectiva de género y debida diligencia todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio. La iniciativa retoma las propuestas de la activista Irinea Buendía Cortés y los criterios dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia histórica de 2015 que reabrió el caso del feminicidio de su hija, ocurrido en Chimalhuacán en 2010.
Durante la sesión del Congreso estatal, la legisladora ponente enfatizó que la reforma busca impulsar un cambio estructural y administrativo en las instituciones de justicia para evitar la minimización de la violencia de género y garantizar la reparación del daño a las víctimas. Asimismo, el marco legal mexiquense ratifica que las penas vigentes por feminicidio y transfeminicidio se mantienen entre los 40 y 70 años de prisión, las cuales pueden incrementarse ante diversas agravantes.
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