El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, presentó una iniciativa de reforma para frenar el bloqueo arbitrario de cuentas bancarias por parte de las autoridades. Actualmente, en México existe una preocupación creciente debido a que el gobierno puede congelar los recursos de cualquier persona basándose en sospechas vagas y sin necesidad de una orden judicial previa. Esta práctica, según el legislador, pone en riesgo el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a su propio dinero y vulnera la presunción de inocencia, ya que la misma autoridad que sospecha es la que decide, ejecuta y sanciona, dejando a los usuarios en un estado de indefensión total de un día para otro.
La propuesta busca establecer reglas claras y obligatorias para proteger a los usuarios del sistema financiero frente a posibles abusos de poder. El proyecto plantea que sea estrictamente un juez quien determine la procedencia de congelar una cuenta, basándose en pruebas sólidas y no en meras suposiciones. Para que el bloqueo sea legal, la iniciativa exige que se cumplan al menos dos elementos objetivos y comprobables que justifiquen la medida, garantizando en todo momento que la persona afectada tenga el derecho y la oportunidad de defenderse mediante un proceso judicial transparente. De esta manera, se busca eliminar la discrecionalidad con la que operan actualmente las instituciones para inmovilizar fondos.
Rubén Moreira enfatizó que esta reforma no pretende obstaculizar el combate al crimen organizado o al lavado de dinero, sino asegurar que estas acciones se realicen bajo un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. Al invocar los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución, la iniciativa defiende principios como el debido proceso y la seguridad jurídica, evitando que ciudadanos inocentes se conviertan en víctimas colaterales de investigaciones deficientes. En última instancia, la propuesta busca equilibrar la balanza entre las facultades del Estado para investigar ilícitos y la protección de las garantías individuales de las y los mexicanos.
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