En el marco de la LXII Legislatura mexiquense, la diputada Jennifer Nathalie González López (Morena) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de sancionar severamente la negligencia institucional. La propuesta busca imponer hasta 10 años de prisión, destitución e inhabilitación a las personas servidoras públicas de las áreas de justicia y seguridad que incurran en omisiones, corrupción o falencias al investigar delitos de género. Esta medida responde a la urgencia de erradicar la impunidad que impera cuando las autoridades minimizan o bloquean el acceso de las víctimas a la verdad y la reparación.
Un punto central de la reforma es la obligatoriedad de que la Fiscalía General de Justicia estatal investigue todas las muertes violentas de mujeres y niñas bajo el protocolo de feminicidio. Esto incluye suicidios, accidentes y cualquier deceso violento, garantizando que la perspectiva de género sea el eje rector de la investigación desde el primer momento. La iniciativa se fundamenta en la emblemática sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2015, impulsada por la lucha de Irinea Buendía tras el feminicidio de su hija Mariana Lima, cuya muerte fue inicialmente clasificada por las autoridades como un suicidio.
Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género analizaron cómo esta reforma también atiende sentencias internacionales, como la dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2025 respecto al caso de Lilia Alejandra García Andrade. Las legisladoras del PVEM y el PT respaldaron el proyecto, calificándolo como una acción contundente para evitar que los encargados de impartir justicia se conviertan en cómplices por negligencia. Por su parte, la bancada del PAN enfatizó la necesidad de una redacción precisa para evitar confusiones legales que pudieran, irónicamente, derivar en más impunidad.
Finalmente, el debate legislativo subrayó que el Estado de México se mantiene como una de las entidades con mayores índices de violencia feminicida en el país, lo que hace indispensable este tipo de mecanismos de control sobre el funcionariado. Se planteó que cuando un servidor público obstruye una investigación o incurre en negligencia grave, no solo falla a la víctima, sino que debilita la estructura democrática y la paz social. La aprobación de esta iniciativa representaría un paso histórico para asegurar que ninguna muerte violenta de una mujer en territorio mexiquense sea ignorada o mal clasificada por el sistema de justicia.
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