El diputado Gerardo Pliego Santana, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó ante la LXII Legislatura mexiquense una iniciativa para reconocer legalmente los sistemas municipales anticorrupción dentro de la Ley Orgánica Municipal. La propuesta busca subsanar la carencia de un marco jurídico propio en las demarcaciones, situación que actualmente genera confusión operativa y falta de sincronía en el combate a la corrupción a nivel local. Con esta reforma, se pretende establecer principios, bases generales y políticas públicas que alineen los esfuerzos municipales con las autoridades estatales y el Sistema Nacional Anticorrupción.
La iniciativa tiene como objetivos centrales fortalecer la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos ilícitos, así como robustecer la fiscalización y el control de los recursos públicos. Al dotar a los ayuntamientos de herramientas legales claras, se busca garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, evitando que el combate a la corrupción sea visto como un trámite improvisado. El legislador enfatizó que el vacío legal actual provoca que los servidores públicos inicien funciones sin una guía clara de coordinación, lo que deriva en procesos repetitivos y decisiones ineficaces por falta de certidumbre jurídica.
Estructuralmente, la propuesta dispone que estos sistemas se conformen por los comités Coordinador, de Participación Ciudadana y el Rector del Sistema Estatal de Fiscalización. Un punto clave de la reforma establece que los honorarios de los integrantes de los comités de participación ciudadana sean cubiertos por el presupuesto de la hacienda local, asegurando además que cuenten con los elementos materiales necesarios para cumplir sus funciones. De esta manera, se busca que la participación ciudadana no sea solo simbólica, sino una pieza activa y sustentada institucionalmente en la vigilancia del gasto público.
Finalmente, Gerardo Pliego puntualizó que el combate a la corrupción debe ser un compromiso moral con la ciudadanía sustentado en normas robustas. La reforma plantea que la coordinación entre órganos no sea opcional ni dependa de la voluntad política en turno, sino que responda a una obligación legal ordenada. Con esta medida, el Estado de México busca fortalecer la integridad de sus instituciones desde el nivel básico de gobierno, asegurando que cada peso público sea fiscalizado bajo principios de honestidad y claridad administrativa en beneficio de las y los mexiquenses.
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