El Congreso del Estado de México dio un paso firme en la defensa de la libertad de expresión al aprobar un robusto paquete de reformas destinadas a proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por la bancada de Movimiento Ciudadano y la gobernadora Delfina Gómez, establece la creación de un directorio voluntario que servirá como herramienta de respuesta rápida en situaciones de riesgo. Es fundamental precisar que este registro no es una condición obligatoria para acceder a los mecanismos de protección existentes, sino un instrumento preventivo diseñado para agilizar la comunicación oficial y la intervención en momentos críticos.
Más allá de la seguridad física, la nueva legislación garantiza el acceso a una red de bienestar social que incluye servicios de salud, programas estatales, capacitación profesional y apoyos para gastos funerarios. Durante la sesión ordinaria, se enfatizó que el acceso a estos beneficios públicos no exime a las empresas de comunicación de sus responsabilidades legales y patronales con sus trabajadores. Además, se busca fortalecer la autonomía del gremio mediante la propuesta de destinar un porcentaje del presupuesto de comunicación social a la profesionalización, asegurando que quienes informan cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo.
La reforma también pone orden en la interacción cotidiana entre la prensa y las fuerzas del orden, mandatando la creación de protocolos de intervención específicos para la Secretaría de Seguridad y las policías municipales. Para hacer el Mecanismo de Protección más ágil y operativo, el Consejo Consultivo se redujo de trece a nueve integrantes, garantizando una representación regional equilibrada y paridad de género. Asimismo, se avaló el uso de distintivos e indumentaria de identificación voluntaria, respetando siempre los estándares internacionales para que estas herramientas no generen riesgos adicionales ni vulneren la privacidad de los comunicadores.
Finalmente, la normativa subraya un compromiso profundo con la inclusión, priorizando protocolos específicos para periodistas que pertenecen a grupos vulnerables, como comunidades indígenas, afromexicanas, personas de la diversidad sexual y migrantes. El fondo estatal destinado a estas acciones será de uso exclusivo para medidas preventivas y de protección urgente, asegurando que los recursos se utilicen con transparencia y celeridad. Con esta decisión, la LXII Legislatura busca consolidar un entorno donde el ejercicio periodístico en el Estado de México sea libre, independiente y, sobre todo, seguro para quienes lo ejercen.
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