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Analiza Congreso del Edomex reforma electoral rumbo a 2027

Analiza Congreso del Edomex reforma electoral rumbo a 2027

La iniciativa propone adelantar el inicio del proceso electoral a septiembre, reducir cargos municipales y aplicar reglas de austeridad y contra el nepotismo electoral.









El Congreso del Estado de México Congreso del Estado de México recibió una iniciativa para modificar las reglas del proceso electoral de 2027, con la que se plantea adelantar su inicio a septiembre del año previo, ajustar la integración de ayuntamientos y armonizar la legislación local con reformas federales en materia político-electoral.


La propuesta, impulsada por las bancadas de Morena, PT y PVEM, contempla que la organización comicial arranque en la primera quincena de septiembre, lo que implicaría adelantar convocatorias, registros de candidaturas y etapas de precampaña, con el objetivo de dar mayor margen operativo al Instituto Electoral del Estado de México Instituto Electoral del Estado de México.


El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, señaló que la reforma busca también reducir la estructura de los ayuntamientos, estableciendo una sola sindicatura por municipio y ajustando el número de regidurías con base en criterios poblacionales, lo que generaría compactación administrativa y posibles ahorros.


“Va totalmente en una armonización con lo federal, en la reducción de síndicos, el ajuste a regidores y también en los tiempos de cuándo inicia el proceso electoral”, afirmó.


El proyecto incluye además la prohibición de reelección inmediata en diputaciones y cargos municipales a partir de 2030, así como restricciones al nepotismo electoral hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.


También plantea límites al gasto institucional, fijando un tope de 0.70 por ciento del presupuesto estatal para el Poder Legislativo, además de evitar asignaciones extraordinarias en órganos electorales.


De acuerdo con la iniciativa, los recursos generados por la reducción de sindicaturas y regidurías permanecerían en los municipios para destinarse a obra pública e infraestructura.


La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis, con la expectativa de que su discusión concluya en mayo y busque consenso entre las distintas fuerzas políticas.






 

 





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