Ante la alarmante cifra de 116 suicidios policiales documentados en el país durante 2024, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez presentó una iniciativa de reforma ante la LXII Legislatura del Estado de México para dignificar la labor de los cuerpos de seguridad. El proyecto propone modificar la Ley de Seguridad y la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos, estableciendo la creación de "Unidades de Bienestar Psicosocial". Estas instancias brindarán atención médica, psicológica y psiquiátrica de carácter gratuito, confidencial y especializado, con el objetivo de prevenir el desgaste profesional y atender traumas derivados de una labor de alto riesgo que ha afectado la salud mental de miles de elementos en la última década.
La reforma busca erradicar el esquema actual de jornadas de 24x24 horas, proponiendo límites máximos de 12 horas continuas de servicio operativo. Además, plantea que, entre turnos, debe mediar un descanso mínimo de 24 horas y, en casos de horarios rotatorios, garantizar un reposo de 12 horas ininterrumpidas. Un pilar fundamental de la propuesta es el derecho obligatorio a un periodo de "descompresión psicológica" de al menos 72 horas con goce de sueldo tras la participación en eventos de alto impacto, como enfrentamientos, uso de fuerza letal o situaciones donde la vida de terceros estuvo en riesgo.
Para garantizar la eficacia de estas medidas, las nuevas Unidades de Bienestar Psicosocial operarán con autonomía clínica y técnica, desvinculadas de los órganos de disciplina, Asuntos Internos o el Consejo de Honor y Justicia. La iniciativa establece una protección legal estricta: el uso de estos servicios de salud mental no podrá ser utilizado, por sí solo, para aplicar sanciones, evaluaciones negativas, bajas automáticas o procesos de control de confianza. Se busca que el policía confíe en su institución y busque ayuda sin miedo a perder su empleo, promoviendo una cultura de salud ocupacional que priorice la estabilidad emocional como herramienta indispensable para la paz pública.
Finalmente, el documento posiciona a los elementos policiales como un grupo de atención preferente dentro del ISSEMyM, equiparando su derecho a la salud mental con el de niñas, niños y adolescentes. Con la presencia de autoridades de seguridad de Toluca y del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones durante la presentación, se enfatizó que esta propuesta no pretende reducir la exigencia profesional, sino fortalecer la operatividad policial mediante condiciones humanas básicas. El objetivo es claro: dejar de construir la paz social sobre el desgaste irreversible de quienes arriesgan su vida, transformando la seguridad pública en un servicio ejercido con dignidad y pleno apego a los derechos humanos.
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