Ante la creciente crisis ambiental, el Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso mexiquense, bajo la coordinación de José Alberto Couttolenc Buentello, presentó una iniciativa para incrementar severamente las penas contra quienes provoquen incendios forestales. La propuesta busca elevar la sanción máxima de 12 a 18 años de prisión, argumentando que el marco legal vigente es insuficiente para inhibir estas conductas. La legisladora Gloria Vanessa Linares Zetina subrayó que no se puede permitir que el fuego avance más rápido que la ley, especialmente cuando el daño afecta ecosistemas vitales, áreas naturales protegidas y la biodiversidad del estado.
La reforma plantea una estructura de penas escalonada: de cuatro a 12 años de prisión y multas económicas para quienes causen incendios en zonas boscosas o ecosistemas sensibles. Sin embargo, se establecen agravantes que aumentarían la condena hasta en una mitad —alcanzando los 18 años— cuando el delito se cometa con dolo, negligencia grave u omisión de medidas de seguridad. También se aplicará este incremento si el siniestro pone en riesgo la salud humana, provoca el desplazamiento de fauna silvestre o si se utilizan sustancias inflamables y combustibles para iniciar el fuego.
Actualmente, el Código Penal estatal establece penas que oscilan entre los tres y 10 años, con multas que los legisladores consideran desproporcionadas frente a la magnitud del desastre ambiental. La iniciativa resalta que durante el 2025 México sufrió una afectación superior al millón de hectáreas, con el Estado de México situándose entre las nueve entidades con mayor incidencia de incendios forestales. La propuesta busca que la ley refleje la gravedad de actos derivados de la caza, fogatas mal gestionadas, quemas de residuos y otras prácticas irresponsables que derivan en catástrofes ecológicas.
Finalmente, la diputada Vanessa Linares enfatizó que proteger el medio ambiente es una cuestión de justicia social y responsabilidad con las futuras generaciones. La iniciativa busca que el castigo guarde proporción no solo con la pérdida de flora y fauna, sino con los impactos económicos y las potenciales pérdidas de vidas humanas. Con esta reforma, el PVEM pretende fortalecer el marco jurídico para que la fiscalización y sanción de delitos ambientales sea una herramienta real de prevención y un mecanismo efectivo para salvaguardar el patrimonio natural de las y los mexiquenses.
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