El funcionamiento del sistema de justicia penal en México enfrenta desafíos importantes para garantizar justicia efectiva, reducir la impunidad y proteger los derechos tanto de víctimas como de personas procesadas.
De acuerdo con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la impunidad se entiende como la falta de investigación, sanción o castigo frente a violaciones de derechos humanos, lo que implica una ausencia de responsabilidad en distintos niveles: penal, civil o administrativo.
En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la impunidad no solo refleja la falta de castigo, sino también deficiencias en todo el proceso: desde la investigación hasta la condena, lo que puede propiciar la repetición de delitos y vulneraciones a derechos fundamentales.
A nivel nacional, organizaciones como Impunidad Cero la definen como la falta de castigo ante un delito, muchas veces derivada de vacíos legales o fallas en la aplicación de la ley.
Bajo este contexto, el informe elaborado por México Evalúa plantea una definición operativa: la impunidad es la incapacidad del Estado para investigar, procesar y sancionar delitos, así como para generar resultados efectivos en materia de justicia penal.
Este estudio analiza el periodo de 2019 a 2024 con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y ofrece una visión integral del desempeño del sistema de justicia penal, incluyendo sus avances, rezagos y “cuellos de botella”.
Entre los hallazgos, se examinan factores como la cifra oculta de delitos y la confianza ciudadana en las instituciones, con información proveniente de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
El documento también evalúa las distintas etapas del proceso penal —desde la denuncia hasta la resolución—, identificando puntos críticos donde los casos se estancan o quedan sin respuesta, lo que incrementa los niveles de impunidad.
Asimismo, se incluye un Índice de Impunidad Penal Institucional, que mide la efectividad de las instituciones para resolver conflictos penales, así como el impacto de mecanismos como los criterios de oportunidad, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la suspensión condicional, implementados con el sistema acusatorio vigente desde 2016.
Finalmente, el informe propone una serie de políticas públicas y recomendaciones dirigidas a autoridades y operadores del sistema, con el objetivo de mejorar la procuración e impartición de justicia y reducir la impunidad en el país.
