La propuesta de aplicar prisión preventiva oficiosa para un catálogo de delitos con una reforma al artículo 19 de la constitución, tal como proponen algunos senadores de la República; más que un mecanismo inhibidor de la delincuencia con la amenaza de un procesamiento severo -aunque se escuche bien para quienes han sido victimas de delincuentes que muchas veces quedan impunes- no es la solución.

Permitir ese cambio pone en riesgo a la mayoría de los ciudadanos que con una simple acusación podrían perder su libertad y en lugar que la autoridad deba demostrar su culpa antes de encarcelarlos, les obligaría a demostrar su inocencia desde la cárcel. Sería un gran retroceso señores legisladores y un atentado contra los derechos humanos y la presunción de inocencia. ¡No lo deben apoyar!