«Un gobierno que invoca a los héroes de 1810 concentra el poder, debilita las defensas del ciudadano, asfixia el federalismo, construye nuevos privilegios y entrega funciones civiles a los cuarteles.»  

En plenas fiestas patrias, entre banderas, música y arengas, conviene pausar el festejo y hacernos una pregunta básica: ¿qué país querían construir quienes nos dieron patria y qué tanto nos parecemos hoy a ese proyecto? El gobierno actual asegura ser heredero de las grandes transformaciones nacionales, incluida la independentista.

La generación de los independentistas no compartió una misma concepción sobre la forma de gobierno. Hubo monárquicos, republicanos, centralistas y federalistas. Pero de los bandos de Hidalgo, los Sentimientos de la Nación, la Constitución de Apatzingán, el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba, el Acta de Independencia, el Acta Constitutiva y la Constitución Federal de 1824 pueden extraerse principios que terminaron definiendo nuestro ADN constitucional: justicia social sometida al derecho, independencia y soberanía, imperio de la ley, división de poderes, independencia judicial, pacto federal y rechazo de los privilegios corporativos.

JUSTICIA SOCIAL Y SUPREMACÍA DE LA LEY

En justicia social, desde los decretos de abolición de la esclavitud de Hidalgo hasta el Punto 12 de los Sentimientos de la Nación, existe un hilo inequívoco. Morelos pidió leyes capaces de «moderar la opulencia y la indigencia». En ese terreno la 4T tiene un punto de contacto real: constitucionalizar pensiones, becas y derechos sociales responde a una deuda histórica frente a la desigualdad.

Pero la coincidencia se vuelve incompleta cuando se lee a Morelos entero. El mismo Punto 12 comienza con una premisa: «Que como la buena ley es superior a todo hombre...». En una sola formulación unió bienestar material y supremacía del derecho. La 4T reivindica al Morelos redistributivo, pero se incomoda con el Morelos que exige que la ley esté por encima de cualquier gobernante. Ahí comienza la contradicción.

SOBERANÍA SELECTIVA

En independencia y soberanía, Morelos fue tajante: América debía ser «libre e independiente de España y de toda otra Nación». La soberanía no admitía excepciones ideológicas.

La 4T, sin embargo, la ejerce selectivamente. Frente a Estados Unidos utiliza un lenguaje de resistencia, mientras mantiene una deferencia hacia los regímenes de Cuba y Venezuela. Según cifras de Banco de México, durante los primeros 13 meses del gobierno de Sheinbaum las exportaciones petroleras a Cuba superaron los 1,106 millones de dólares, alrededor del 57 por ciento del valor acumulado desde 1993.

Frente a Venezuela, México adoptó una posición cautelosa después de unos comicios de 2024 cuya verificabilidad fue severamente cuestionada y cuyas actas completas nunca fueron sometidas a una comprobación independiente aceptada internacionalmente. Y frente a Washington ha debido aceptar importantes condicionamientos derivados de migración, seguridad, comercio y nuestra dependencia económica. 

El problema no consiste en preferir a Washington, La Habana o Caracas. Es más elemental: la soberanía deja de ser principio cuando cambia según quién esté del otro lado de la mesa.

EL IMPERIO DE LA LEY Y LA TENTACIÓN ABSOLUTISTA 

Hacia el interior, en el imperio de la ley, la distancia resulta evidente. La tradición insurgente construyó la idea de que la legitimidad de una causa no coloca al gobernante por encima de la norma. Por eso la expresión «no me vengan con que la ley es la ley» rebasa la anécdota: resume dos concepciones antagónicas del poder.

Para Morelos, la buena ley debía ser superior a todo hombre. En la lógica que ha acompañado a la 4T, en cambio, la legitimidad electoral parece permitir considerar normas, procedimientos y contrapesos como obstáculos cuando dificultan la transformación.

La Independencia no se hizo para sustituir el absolutismo de un monarca español por la voluntad incontrastable de un gobernante mexicano.

DIVISIÓN DE PODERES Y CONTRAPESOS

México aprendió esa lección en materia de división de poderes. Agustín de Iturbide se enfrentó al Congreso Constituyente, ordenó la detención de diputados y disolvió la representación nacional en 1822. Dos años después, el artículo 9 del Acta Constitutiva de la Federación dispuso que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial «jamás podrán reunirse dos o más» en una sola corporación o persona.

Dos siglos después reaparece la tentación de considerar que los contrapesos estorban cuando dejan de obedecer.

Una misma mayoría controla hoy Ejecutivo y Congreso y ha podido impulsar reformas constitucionales profundas con deliberaciones frecuentemente reducidas a una formalidad. Al mismo tiempo, se modificaron herramientas diseñadas para contener a esas mayorías. 

La reforma al amparo prohibió que las suspensiones contra normas generales produzcan efectos generales. El juicio no desapareció ni el ciudadano quedó jurídicamente indefenso, pero se redujo la dimensión colectiva de su protección cautelar: una norma puede afectar a millones mientras la tutela provisional queda circunscrita a quienes acudan a los tribunales.

También desapareció el INAI. Sus competencias fueron redistribuidas, pero se perdió la independencia constitucional del árbitro encargado de resolver controversias entre el ciudadano y el Estado en transparencia y protección de datos. Y ello ocurre cuando el gobierno amplía sus capacidades para concentrar información, utilizar datos biométricos y desarrollar mecanismos de identificación y vigilancia. 

El resultado es sencillo: un Estado con menos contrapesos independientes y un ciudadano con menos árbitros frente al poder. 

INDEPENDENCIA JUDICIAL Y CARRERA PROFESIONAL 

El quiebre alcanza a la independencia judicial. Desde Apatzingán surgió la aspiración de construir una jurisdicción propia del nuevo Estado, y el constitucionalismo de 1824 consolidó al Judicial como poder separado, reconociendo el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial.

La reforma judicial caminó en sentido distinto. Sustituyó buena parte del sistema profesional de carrera por elecciones populares precedidas por comités de evaluación en los que la mayoría gobernante tuvo una influencia considerable y creó un Tribunal de Disciplina con amplias facultades sobre los juzgadores. 

El viejo Poder Judicial podía y probablemente debía reformarse. Pero existe una diferencia entre corregir un contrapeso defectuoso y disminuir su independencia frente al poder que debe controlar. Un juez que debe calcular posibles consecuencias disciplinarias de una decisión incómoda ya no juzga bajo las mismas condiciones de independencia.

PACTO FEDERAL VS. RECENTRALIZACIÓN

El pacto federal también se mueve hacia la centralización. La caída del Imperio y la adhesión de las provincias al Plan de Casa Mata desencadenaron un proceso de afirmación provincial que desembocó en la Federación de 1824. No fue una concesión de la capital, sino parte del acuerdo que permitió mantener unido al país.

Hoy la dirección es inversa. El propio IMSS-Bienestar ha definido su modelo como una estrategia de centralización y federalización: 23 entidades transfirieron infraestructura, hospitales, personal, recursos y capacidades operativas hacia un organismo federal.

Puede defenderse esa política por razones de universalidad o eficiencia. Lo que no puede negarse es su efecto institucional: competencias antes estatales pasan al centro.

Seguimos teniendo gobernadores, congresos y constituciones locales. La pregunta es cuánto federalismo sustantivo permanece cuando una porción creciente de las decisiones y capacidades operativas se desplaza hacia la Federación.

LOS NUEVOS FUEROS CORPORATIVOS Y LA MILITARIZACIÓN

Finalmente están los privilegios corporativos. Morelos estableció en el Punto 13 de los Sentimientos de la Nación que las leyes debían comprender a todos «sin excepción de cuerpos privilegiados».

No ha regresado el fuero militar decimonónico. Ha surgido algo distinto: una esfera excepcional de poder administrativo, económico y operativo concentrada en las Fuerzas Armadas.

Los militares construyen y administran infraestructura; participan en aeropuertos, puertos, aduanas y ferrocarriles; intervienen en migración y seguridad pública, y controlan a la Guardia Nacional, dotada de facultades de investigación, inteligencia y operaciones encubiertas.

La militarización no consiste solamente en soldados patrullando las calles. Consiste también en acostumbrarnos a que más espacios del Estado civil sean administrados por estructuras militares.

A ello se suma una percepción de justicia selectiva frente a figuras cercanas al poder. Segalmex generó millones de pesos en observaciones, procedimientos administrativos y denuncias penales. Jurídicamente sería incorrecto equiparar todo lo observado con daño patrimonial probado, pero resulta difícil ignorar la distancia entre la dimensión del escándalo y la claridad con la que la sociedad ha conocido las responsabilidades de sus principales mandos.

Otros episodios de financiamiento político opaco y circulación de dinero en efectivo alrededor de actores partidistas alimentan la misma pregunta: ¿la ley funciona con idéntico rigor para el ciudadano común que para quienes pertenecen al entorno del poder? 

EL ESPEJO DE LA HISTORIA: ADVERTENCIA REPUBLICANA

Se dirá que el gobierno puede transformar esas instituciones porque cuenta con mandato popular y porque muchas habían terminado capturadas por élites y privilegios. Es una objeción atendible.

Pero Morelos ya respondió al problema esencial: no pidió un caudillo providencial, sino soberanía popular, Congreso, división de poderes y una buena ley superior a todo hombre.

La democracia constitucional tampoco significa que las instituciones sean intocables. Pueden y deben reformarse. Pero la mayoría decide quién gobierna; la Constitución determina hasta dónde puede gobernar. 

Los contrapesos no se diseñan pensando en el gobernante que uno quiere, sino en el gobernante que uno teme. Las facultades que hoy entregamos a los nuestros pueden ser las mismas que mañana utilizarán nuestros adversarios.

«Los contrapesos no se diseñan pensando en el gobernante que uno quiere, sino en el gobernante que uno teme. Las facultades que hoy entregamos a los nuestros pueden ser las mismas que mañana utilizarán nuestros adversarios.» 

Por eso no se puede presumir el sombrero de Morelos mientras se gobierna con las mañas de Iturbide. Aclarando que Iturbide no es un insulto ni una equivalencia histórica. Es una advertencia. México descubrió desde su nacimiento que sacudirse al monarca extranjero servía de poco si después permitíamos que el poder volviera a concentrarse dentro de nuestras fronteras.

En estas fiestas patrias más importante que qué héroes aparecerán en el Grito, es saber qué instituciones estamos dejando en pie.

La 4T puede reconocerse en el Morelos preocupado por los pobres. El problema es que Morelos no termina ahí. También existe el Morelos que exigía que la buena ley fuera superior a todo hombre.

A mi ver, en la fotografía del México que estamos construyendo aparece menos Morelos de lo que se presume y bastante más Iturbide de lo que debería preocuparnos.