Todo indica que la labor de fiscalización en la LXI Legislatura y el análisis de los resultados de las evaluaciones al ejercicio de los recursos públicos tendrá buen nivel, tal que deberán resultar muy interesantes y esclarecedoras. Creo que esa puede ser una justa expectativa sobre el trabajo que deben realizar cercanamente la titular del Órgano Superior de Fiscalización Miroslava Carrillo y la Diputada Evelyn Osornio Jiménez, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la misma Legislatura, a quien, por cierto, no parece interesarle ningún intento de remover a la auditora.
Ambas mujeres con experiencia en administración pública y conocimiento de la Ley, exigentes y conscientes de la responsabilidad técnica y política tan importante que cada una tiene desde su respectivo espacio, no ceden un milímetro en la defensa de sus posturas, lo que podrían ayudar a dimensionar adecuadamente la trascendencia de las observaciones a cada uno de los entes fiscalizables, entre los que se encuentra el propio Ejecutivo Estatal, sus dependencias y organismos autónomos, así como los 125 municipios; sin que la militancia política de los ninguno de los actores implicados, juegue a favor o en contra en este proceso. Será digna de verse cada una de las sesiones de la comisión legislativa referida, que se espera sean abiertas.
La semana pasada, durante la séptima Reunión Nacional de Titulares de las Entidades de Fiscalización Superiores y la Primera Reunión Nacional de Autoridades Investigadoras de las Entidades de Fiscalización Superior Locales, Miroslava Carrillo, además de recibir reconocimiento por su desempeño, propuso coordinar acciones, intercambiar experiencias y analizar la adopción de prácticas exitosas. Osornio Jiménez a su vez, resaltó la necesidad de sumarse en el combate frontal contra la impunidad y la corrupción.
Estas declaraciones protocolarias rápido deben dar paso a la acción, considerando que a la ciudadanía le indignan y afectan el cúmulo de gobiernos municipales en los que se han evidenciado fallas e insuficiencias, por las cuales deberían responder y ambas saben ante esas situaciones es inadmisible simular o voltear a otro lado, a riesgo de perder total credibilidad, lujo que ninguna puede darse.
PROVOCACIONES
PÉRDIDAS. Ojalá que los integrantes de esta Legislatura se decidan a perfeccionar las atribuciones y funciones tanto de los síndicos como de los contralores internos en el gobierno municipal, fortalecer su capacidad y autonomía de gestión para dar un real servicio positivo con sistemas de control preventivo eficaces, para beneficio no de los alcaldes, sino a la población. La intención añeja, no llega a florecer.
AJUSTES. Con tantas deudas y disfunciones en algunos municipios ¿Para qué alcanzan las garantías o fianzas que presentan los funcionarios municipales que manejan recursos públicos? ¿Y si las adaptan a la realidad para que sirvan de algo?
Ambas mujeres con experiencia en administración pública y conocimiento de la Ley, exigentes y conscientes de la responsabilidad técnica y política tan importante que cada una tiene desde su respectivo espacio, no ceden un milímetro en la defensa de sus posturas, lo que podrían ayudar a dimensionar adecuadamente la trascendencia de las observaciones a cada uno de los entes fiscalizables, entre los que se encuentra el propio Ejecutivo Estatal, sus dependencias y organismos autónomos, así como los 125 municipios; sin que la militancia política de los ninguno de los actores implicados, juegue a favor o en contra en este proceso. Será digna de verse cada una de las sesiones de la comisión legislativa referida, que se espera sean abiertas.
La semana pasada, durante la séptima Reunión Nacional de Titulares de las Entidades de Fiscalización Superiores y la Primera Reunión Nacional de Autoridades Investigadoras de las Entidades de Fiscalización Superior Locales, Miroslava Carrillo, además de recibir reconocimiento por su desempeño, propuso coordinar acciones, intercambiar experiencias y analizar la adopción de prácticas exitosas. Osornio Jiménez a su vez, resaltó la necesidad de sumarse en el combate frontal contra la impunidad y la corrupción.
Estas declaraciones protocolarias rápido deben dar paso a la acción, considerando que a la ciudadanía le indignan y afectan el cúmulo de gobiernos municipales en los que se han evidenciado fallas e insuficiencias, por las cuales deberían responder y ambas saben ante esas situaciones es inadmisible simular o voltear a otro lado, a riesgo de perder total credibilidad, lujo que ninguna puede darse.
PROVOCACIONES
PÉRDIDAS. Ojalá que los integrantes de esta Legislatura se decidan a perfeccionar las atribuciones y funciones tanto de los síndicos como de los contralores internos en el gobierno municipal, fortalecer su capacidad y autonomía de gestión para dar un real servicio positivo con sistemas de control preventivo eficaces, para beneficio no de los alcaldes, sino a la población. La intención añeja, no llega a florecer.
AJUSTES. Con tantas deudas y disfunciones en algunos municipios ¿Para qué alcanzan las garantías o fianzas que presentan los funcionarios municipales que manejan recursos públicos? ¿Y si las adaptan a la realidad para que sirvan de algo?
