La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual advierte que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, al considerar que sus conclusiones son sesgadas y carentes de objetividad.
El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, también cuestionó el actuar de diversas organizaciones civiles, a las que acusó de manipular las demandas en materia de derechos humanos, particularmente a agrupaciones como el Centro Prodh.
En su posicionamiento, la CNDH sostuvo que el informe presenta inconsistencias, pone en duda la independencia de sus integrantes y advierte un uso político de las cifras sobre personas desaparecidas. Además, atribuyó el origen de la crisis a la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
Asimismo, afirmó que la desaparición forzada ya no es una política de Estado en la actualidad y aseguró que los casos han disminuido, con una concentración específica en ciertas regiones, lo que —a su juicio— impide calificar el fenómeno como generalizado.
Reacciones divididas
El pronunciamiento generó reacciones encontradas. Organizaciones de la sociedad civil respaldaron el informe del Comité de la ONU y señalaron que descalificar sus hallazgos no cambia la realidad de una impunidad superior al 98 por ciento en los casos de desaparición.
Colectivos y especialistas en derechos humanos advirtieron que la postura de la CNDH minimiza la gravedad de la crisis y debilita el reconocimiento internacional del problema, al tiempo que insistieron en que el informe representa una oportunidad para fortalecer las acciones del Estado.
Agrupaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Data Cívica y Fundar subrayaron que en México existen más de 83 mil cuerpos y restos humanos sin identificar en servicios forenses, lo que evidencia un colapso institucional.
En contraste, voces afines al gobierno federal respaldaron la postura de la CNDH, al considerar que el informe internacional no refleja con precisión los avances recientes en la materia y que existe una intención de politizar el tema de las desapariciones en el país.
El debate reaviva la discusión sobre el alcance de la crisis de desapariciones en México y la necesidad de fortalecer la coordinación entre autoridades y organismos internacionales para su atención.
