Perpectivas de Cynthia Valeriano

Todo sistema de pensiones es un contrato intergeneracional cuya viabilidad depende de: la demografía, la productividad y el diseño institucional. En México, ese contrato se ha fragmentado en múltiples subsistemas con reglas heterogéneas, generando un problema estructural que, de no resolverse, contribuye a la insostenibilidad del sistema.

Esta es la razón por la cual la Presidenta Sheinbaum envió la iniciativa de reforma a los artículos 127 y 135 constitucionales al Congreso, con la finalidad de corregir distorsiones profundas en la arquitectura del Sistema garantizado por el Estado.

México no tiene un sistema de pensiones, sino varios (más de 50), a partir de la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en 1959, se consolidó un esquema de reparto (beneficio definido) financiado por contribuciones tripartitas: Trabajador, patrón y Estado.

Sin embargo, paralelamente y sin ninguna clase de diseño integrado al sistema general, emergieron regímenes especiales en cada una de las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por mencionar a los más importantes), Organismos descentralizados, es decir aquellos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio (IMSS, ISSSTE, CNA, CNHCyT, INBA, etc), Organismos desconcentrados (aquellos que no tienen personalidad jurídica propia pero tienen autonomía técnica y operativa como el SAT, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, el Centro Nacional de Inteligencia o la CONDSEF), Universidades públicas autónomas y Fideicomisos públicos con esquemas laborales propios.

Estos regímenes ofrecen condiciones significativamente más favorables: edades de retiro más bajas, tasas de reemplazo superiores al 80% e incluso pensiones indexadas al salario activo, lo anterior, producto de procesos de negociación sindical fuerte en un momento histórico en donde los sindicatos tenían un peso político indiscutible, la existencia de contratos colectivos de trabajo diferenciados y una baja disciplina presupuestaria directa.

¿Cuál fue el resultado de esta fragmentación en el sistema de pensiones?, se creó una infraestructura paralela de pensiones de “élite burocrática”, financieramente insostenible y desvinculada de los principios actuariales básicos, que, en su inmensa mayoría, dependen del presupuesto público ordinario.

El gasto en pensiones en México ya supera el 5% del PIB (SHCP, 2024), en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, las pensiones contributivas y no contributivas representan más del 20% del gasto programable federal, es decir, 20 de cada 100 pesos aprobados en el presupuesto se destinan al pago de pensiones.

En ausencia de reformas estructurales que puedan ordenar y homologar las pensiones dependientes del presupuesto público, organismos como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estiman que podría alcanzar entre 7% y 8% del PIB hacia 2040.

Por supuesto, hay de casos a casos, ya que las instituciones con los mejores beneficios pensionarios son PEMEX y las empresas de energía como la CFE y la ya extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro que nacen como símbolos de soberanía nacional y brazos estratégicos para el desarrollo del país en la década de los treinta del siglo pasado y que, a cambio de lealtad política y paz laboral, obtienen beneficios laborales superiores al resto de las instituciones del Estado.

Durante estas décadas, los sindicatos (especialmente el petrolero y el electricista), dejaron de ser simples representantes de los derechos laborales de los trabajadores, para convertirse en actores con alto poder de negociación que definieron cambios sustantivos en los contratos colectivos, como: la jubilación por años de servicio (de 25 a 30 años máximo), sin edad mínima estricta, pensiones cercanas al 100% del último salario, indexación a aumentos salariales de trabajadores activos y prestaciones adicionales (vivienda, salud ampliada, apoyos y prestamos familiares, subsidios a la energía, etc.), es decir, se construyeron esquemas de beneficio definido sin reservas financieras suficientes, siguiendo una lógica política y no técnica o financiera.

Desde el enfoque de sostenibilidad fiscal, esto implica una trayectoria explosiva de deuda implícita, es decir, el Estado está comprometiendo recursos futuros sin respaldo financiero en el presente.

En los tiempos actuales en los que la realidad se impone, el caso más crítico que es el de PEMEX, cuenta con un pasivo laboral que en algún momento llegó a representar más de 1.5 billones de pesos antes de reformas paramétricas, ante la falta de recursos para poder cumplir o satisfacer las demandas laborales y el pago de pensiones, una de las razones más dolorosas que explican la situación financiera crítica por la que atraviesa la paraestatal.

Mención aparte tienen las universidades públicas autónomas, principalmente las estatales que presentan insuficiencia actuarial inmediata (como el caso de la Universidad de Guadalajara) o los sistemas estatales de pensiones que en no pocos casos ya son considerados insolventes y necesitan reformarse ya que, de no hacerlo, necesitarán ser rescatados por el gobierno federal y para los cuales, la lucha en los Congresos estatales apenas iniciará,

La iniciativa de reforma al artículo 127, establece que ningún servidor público puede ganar más que “la persona titular del Ejecutivo Federal”, cerrando toda posibilidad a cualquier intención de eludir las disposiciones establecidas vía prestaciones diferidas.

Mucho se ha mencionado el caso de la exclusión de las fuerzas armadas y el Poder Judicial, aunque en el caso de las Fuerzas Armadas, debemos recordar que mantienen un régimen distinto por tres razones: tienen una naturaleza de riesgo elevado, existe la figura de retiro anticipado, a diferencia del resto de las dependencias públicas, existe una disciplina jerárquica no equiparable al mercado laboral civil y en la actualidad tienen una función estratégica del Estado, el tratamiento que tienen el ejercito mexicano, es equiparable al que s ele da a las milicias en el mundo entero.

En cuanto al Poder Judicial, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también han conservado beneficios diferenciados bajo la consideración de garantizar la independencia judicial y evitar la existencia de incentivos de captura política.

En pocas palabras La iniciativa sobre los artículos 127 y 135 no resuelve todo el problema, pero permite avanzar en el necesario ejercicio de homologación en el sistema de pensiones y atacar los privilegios pensionarios sobre la capacidad fiscal del Estado. A este respecto, la Secretaría de Hacienda habla de ahorros presupuestales por más de 5 mil millones de pesos. Para poder evaluar si es mucho o poco el ahorro, podría servir tener referencias: el presupuesto aprobado para el 2026 para el programa Salud casa por casa es de 4,000 millones de pesos, el programa de apoyo a niñas y niños, hijos de madres trabajadores de 3,312 millones de pesos y aunque en principio se proyecta que el recursos ahorrado contribuya a la sostenibilidad de las finanzas públicas, que tanta falta tienen de recursos este año, el impacto más importante se da en las proyecciones de gasto de largo plazo.

Todos sabemos que nuestro sistema de pensiones pende de un hilo, necesitamos transitar de un sistema fragmentado, opaco y regresivo hacia uno homogéneo, sostenible y equitativo si queremos que las generaciones futuras tengan recursos suficientes para enfrentar la edad adulta mayor.

El desafío más importante en todo este proceso no es una falta de diagnóstico o un análisis técnico, es limitar las redes políticas que tratan de imponerse a las decisiones públicas y con ello desmontar décadas de privilegios institucionalizados sin desestabilizar el aparato estatal, es ahí donde se encuentra el punto crítico del asunto.