Que las pensiones alimenticias contemplen los gastos necesarios para garantizar la educación de niñas, niños y adolescentes es el objetivo de una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado de México.
La propuesta, impulsada por la diputada Maricela Beltrán Sánchez, plantea reformar el Código Civil y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad para que, al determinar el derecho a recibir alimentos y establecer los montos correspondientes, también se consideren los recursos indispensables para acceder, permanecer y continuar con la trayectoria escolar.
Entre los conceptos que busca incorporar se encuentran materiales y útiles escolares, transporte, conectividad, así como apoyos de accesibilidad y ajustes relacionados con alguna discapacidad.
El proyecto establece que la fijación de las pensiones deberá atender al interés superior de la niñez, las necesidades acreditadas de quien recibe los alimentos y las posibilidades económicas de la persona obligada a proporcionarlos. Aclara que esto no significa establecer una obligación general de cubrir servicios educativos privados, aunque sus costos podrán valorarse cuando existan razones justificadas.
Durante su intervención en tribuna, Beltrán Sánchez señaló que el derecho a recibir alimentos no debe limitarse a cubrir las necesidades básicas de supervivencia, sino que también debe contemplar las condiciones necesarias para el desarrollo integral de las infancias y adolescencias, incluida su formación educativa.
La legisladora sostuvo que las diferencias y controversias familiares no deberían convertirse en un obstáculo para el futuro académico de las personas menores de edad. Añadió que las necesidades educativas varían según los contextos urbanos, rurales, metropolitanos e indígenas, por lo que la iniciativa propone considerar únicamente gastos razonables, necesarios y comprobables, sin imponer cantidades fijas ni obligaciones indiscriminadas.
Además de los cambios en materia de pensiones, la propuesta busca establecer mecanismos de orientación y acompañamiento para las familias y personas beneficiarias cuando la continuidad escolar de niñas, niños y adolescentes esté en riesgo por conflictos familiares, incumplimiento de obligaciones alimentarias u otras circunstancias que vulneren sus derechos.
Para ello, plantea la coordinación entre las autoridades educativas, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y sus instancias municipales, las procuradurías de protección y los servicios públicos de orientación y defensa jurídica.
Estas instituciones podrían identificar situaciones de riesgo, proporcionar información accesible sobre derechos y servicios disponibles y canalizar los casos ante las autoridades competentes cuando sea necesario.
El proyecto también establece que estas acciones deberán respetar principios como el interés superior de la niñez, la autonomía progresiva, la no discriminación, la accesibilidad y la confidencialidad, además de evitar la revictimización. El uso y el intercambio de datos personales se limitarían a la información estrictamente necesaria para cumplir con los fines legales correspondientes.
Finalmente, la iniciativa precisa que las medidas propuestas no modificarían las reglas de competencia, los plazos, la presentación de pruebas ni otros procedimientos civiles o familiares. Tampoco permitirían condicionar la inscripción o permanencia de un estudiante en una institución educativa a la presentación de una demanda judicial.
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