El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso mexiquense propuso incorporar los tratamientos sustitutivos de la función renal, principalmente la hemodiálisis, a los servicios de urgencias de las instituciones públicas de salud, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a estos procedimientos para personas con enfermedad renal crónica (ERC).
La iniciativa, impulsada por la bancada coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, fue presentada por la legisladora Honoria Arellano Ocampo durante una sesión deliberante y plantea reformas a la Ley de Salud del Estado de México.
El proyecto busca establecer como atribución de los institutos de salud especializados brindar atención a personas con enfermedades crónicas no transmisibles mediante consultas externas, servicios hospitalarios y urgencias, de acuerdo con los límites de su capacidad instalada.
Asimismo, propone que los prestadores públicos de servicios de salud cuenten con los mecanismos necesarios para proporcionar atención prehospitalaria de urgencias médicas a quienes requieren tratamientos sustitutivos de la función renal.
De acuerdo con los datos incluidos en la propuesta, la enfermedad renal crónica afecta al 12.2 por ciento de la población mexiquense, lo que representa alrededor de 2.1 millones de personas. A nivel nacional, el padecimiento alcanza a casi 12 por ciento de los habitantes, aproximadamente 13 millones de personas.
El documento también refiere cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según las cuales durante 2023 se registraron 15 mil 929 fallecimientos por insuficiencia renal en México: 7 mil 59 correspondieron a mujeres y 8 mil 870 a hombres. Con estas cifras, la enfermedad se ubicó entre las 10 principales causas de muerte en ambos grupos.
La iniciativa señala que actualmente el sistema de salud tiene registrados entre 150 mil y 180 mil pacientes que reciben diálisis o hemodiálisis. Estos procedimientos se requieren cuando los riñones han perdido más del 70 por ciento de su funcionalidad y necesitan apoyo para eliminar los desechos de la sangre.
Capacidad insuficiente y riesgos para pacientes
Entre los argumentos de la propuesta se advierte que la demanda de tratamientos de hemodiálisis supera la disponibilidad de equipos e insumos en el sector público. El documento expone que algunos equipos diseñados para atender a 100 pacientes llegan a recibir hasta 300, mediante el reúso de material esterilizado, situación que, de acuerdo con la legisladora, puede representar riesgos de propagación de bacterias.
Ante este panorama, la diputada Honoria Arellano Ocampo sostuvo que la atención oportuna permitiría reducir los riesgos asociados con la enfermedad renal crónica, padecimiento relacionado con complicaciones, discapacidad y mortalidad prematura.
La legisladora enfatizó que las personas que requieren estos procedimientos no deberían esperar semanas o meses para recibir un tratamiento del que depende su vida. También señaló que el acceso a los servicios de salud no debe estar condicionado por el lugar de residencia, la capacidad económica o la disponibilidad de espacios hospitalarios.
Con esta propuesta, el grupo parlamentario busca que las instituciones públicas incorporen mecanismos de atención de urgencias para pacientes con enfermedad renal crónica y fortalezcan la respuesta del sistema de salud ante la demanda de tratamientos sustitutivos de la función renal.
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