La diputada María Mercedes Colín Guadarrama, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso que las autoridades estatales y municipales incorporen una perspectiva de persona adulta mayor en sus trámites, servicios, actuaciones y decisiones, con el propósito de identificar y eliminar las barreras que dificultan el ejercicio de los derechos de este sector de la población.
Durante una sesión deliberante del Congreso mexiquense, la legisladora señaló que, de acuerdo con el Consejo Estatal de Población (COESPO), con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el Estado de México habitan un millón 919 mil 454 personas de 60 años y más.
Advirtió que el envejecimiento de la población representa un desafío para las instituciones, pues las proyecciones indican que para 2030 alrededor de 15 de cada 100 mexiquenses tendrán 60 años o más, mientras que para 2050 este sector podría alcanzar los 4.8 millones de personas.
Ante este panorama, consideró necesario actualizar las normas, los procedimientos administrativos, los servicios públicos y las decisiones gubernamentales para responder a las nuevas condiciones demográficas y garantizar que las personas adultas mayores puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.
La iniciativa define la perspectiva de persona adulta mayor como un conjunto de reglas y principios que permiten reconocer que la edad avanzada puede generar situaciones de vulnerabilidad o desigualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales. Su aplicación, explicó, deberá garantizar el respeto a la dignidad, autonomía y capacidad jurídica de quienes integran este grupo.
Colín Guadarrama aclaró que la propuesta no busca otorgar automáticamente ventajas, preferencias o excepciones por el solo hecho de alcanzar determinada edad, sino identificar si las condiciones personales y sociales generan obstáculos o desventajas para ejercer un derecho y, cuando sea necesario, establecer medidas para corregir esas desigualdades.
En ese sentido, señaló que la aplicación de este principio podría reflejarse en acciones cotidianas, como facilitar la realización de trámites administrativos, permitir el acceso a plataformas digitales o establecer mecanismos adecuados de atención en las oficinas gubernamentales.
Barreras institucionales y discriminación
La legisladora sostuvo que durante décadas la vejez ha sido abordada desde una perspectiva asistencialista, sin considerar que las desigualdades que enfrenta este sector no solo están relacionadas con los cambios físicos propios del envejecimiento, sino también con barreras estructurales, institucionales, urbanas y tecnológicas.
Como parte de los argumentos de su propuesta, indicó que el 41 por ciento de las personas adultas mayores percibe discriminación en oficinas y servicios gubernamentales, situación que, consideró, evidencia la necesidad de modificar la forma en que las instituciones atienden a esta población.
El documento plantea que el Ejecutivo estatal y las presidencias municipales sean responsables de diseñar, establecer y evaluar políticas, programas y acciones en beneficio de las personas adultas mayores, bajo este principio y dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
Asimismo, establece que estas medidas deberán incorporarse a los planes de desarrollo correspondientes, con el objetivo de que la perspectiva de persona adulta mayor forme parte de la planeación y actuación de los gobiernos estatal y municipales.
Con esta iniciativa, la legisladora busca que las instituciones reconozcan las condiciones particulares de este sector y adapten sus servicios para reducir las barreras que limitan su participación y el ejercicio pleno de sus derechos.
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