El Congreso del Estado de México analizará dos iniciativas para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), presentadas por separado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas. Ambos proyectos proponen modificar las reglas de organización y representación de la institución, aunque contemplan mecanismos distintos para los procesos electorales universitarios.
La iniciativa del Ejecutivo estatal fue presentada por la diputada morenista Brenda Colette Miranda Vargas durante una sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense. El proyecto fue aprobado por el Consejo Universitario el 17 de julio, después de un proceso de consulta con estudiantes y personal académico y administrativo. Según la exposición de motivos, el documento reproduce íntegramente los términos avalados por la universidad, sin modificaciones del gobierno estatal.
Entre sus principales planteamientos destaca la elección de la persona titular de la rectoría mediante sufragio personal, directo, libre y secreto de la comunidad universitaria, con una contabilización de votos por sector —alumnado, personal académico y administrativo— conforme a la ponderación que establezca el Estatuto Universitario. El nombramiento correspondería al Consejo Universitario, con base en los resultados presentados por un Órgano Electoral Universitario con autonomía técnica, operativa y de gestión.
Este órgano también organizaría, conduciría, vigilaría y validaría los procesos para elegir a las personas titulares de las direcciones de los espacios académicos y a quienes integren el Consejo Universitario. La propuesta contempla que las comunidades de cada espacio académico participen en la elección de sus directores y que las personas consejeras sean electas mediante voto personal, directo, libre y secreto.
La iniciativa busca actualizar el marco normativo vigente desde 1992, que actualmente establece que el Consejo Universitario elige a la persona rectora por mayoría de votos, previa consulta cualitativa y cuantitativa a los sectores de la comunidad universitaria.
Otro de los cambios previstos es ampliar la representación dentro del Consejo Universitario para incorporar, con voz y voto, a los centros universitarios y las unidades académicas profesionales. También plantea que este órgano funcione bajo el principio de paridad, con igualdad numérica entre el alumnado y el personal académico, e incorpora atribuciones en materia de supervisión de recursos, rendición de cuentas, integración de instancias de justicia universitaria y reconocimiento de estudios.
En materia económica, el proyecto propone eliminar progresivamente los cobros por inscripción y reinscripción, conforme a la Ley General de Educación Superior. Para ello, la UAEMéx elaboraría un plan de transición hacia la gratuidad, con medidas que permitan mantener sus funciones académicas y evitar afectaciones a sus finanzas.
La propuesta también contempla crear un Sistema de Ética y Justicia Universitaria encargado de prevenir, conocer, resolver y sancionar faltas de responsabilidad universitaria y disciplinarias. Este mecanismo operaría bajo principios de ética, mediación, conciliación y justicia restaurativa, con independencia en sus actuaciones.
En cuanto a la investigación y la enseñanza, el proyecto reconoce a la educación y la ciencia como bienes públicos y derechos humanos fundamentales. Asimismo, promueve el acceso abierto al conocimiento, la difusión de la producción científica, humanística, tecnológica y artística, así como el reconocimiento de los saberes ancestrales de los pueblos originarios bajo principios de interculturalidad, inclusión y justicia social.
La iniciativa establece también criterios para el uso de inteligencia artificial en actividades académicas, administrativas y de investigación. La responsabilidad recaería en quien utilice estas herramientas, con apego a la ética, la integridad, la honestidad académica, la transparencia y la propiedad intelectual. Además, señala que la inteligencia artificial no deberá sustituir el trabajo personal, el razonamiento crítico ni las capacidades cognitivas.
Otro eje es el bienestar universitario integral, que abarcaría la salud física y mental, la seguridad, la prevención de violencias, la alimentación, el deporte, la accesibilidad de los espacios y la atención a personas en condiciones de vulnerabilidad. Para ello, se plantea establecer un sistema de bienestar y cuidados universitarios.
El proyecto incorpora nuevos requisitos para aspirar a la rectoría y a las direcciones de espacios académicos. Entre ellos figuran no contar con sanciones por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa; no tener una sentencia firme por delito doloso que amerite prisión; no estar inhabilitado para el servicio público ni inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, además de presentar un plan de trabajo universitario.
En caso de aprobarse, la nueva ley requeriría adecuaciones presupuestales y la implementación gradual de los sistemas y servicios previstos, de acuerdo con la suficiencia financiera. El Consejo Universitario tendría un plazo máximo de 365 días a partir de la entrada en vigor del decreto para expedir el Estatuto Universitario. Las autoridades y representantes electos continuarían en sus cargos hasta concluir los periodos para los que fueron designados, mientras que las elecciones de representantes estudiantiles y académicos de los centros universitarios deberían realizarse en un plazo no mayor a seis meses.
Por su parte, la iniciativa del diputado Octavio Martínez Vargas propone establecer la elección universal, libre, secreta y directa de las autoridades universitarias, bajo principios de legalidad, certeza, imparcialidad, equidad, independencia, objetividad, máxima publicidad y paridad de género. Su proyecto plantea que el voto estudiantil tenga un peso equivalente al doble del correspondiente al personal académico o administrativo, mediante un esquema de sufragio ponderado.
La propuesta también busca ampliar la representación estudiantil y académica en el Consejo Universitario, establecer la alternancia de género en la rectoría y las direcciones, e impulsar la paridad en los órganos colegiados, comisiones y consejos. Asimismo, contempla el presupuesto participativo, el fortalecimiento de la autonomía técnica de la Defensoría de los Derechos Universitarios y el reconocimiento de derechos como la libre asociación, la protesta pacífica, la manifestación de ideas, la participación informada y la representación democrática.
En materia de derechos y responsabilidades, el proyecto plantea prohibir expresamente la discriminación por género, orientación sexual, etnia, discapacidad, condición socioeconómica u origen territorial. También propone considerar faltas graves el acoso sexual, el hostigamiento, la violencia de género, la corrupción y los conflictos de interés, además de facultar al Consejo Universitario para ordenar auditorías internas y promover revisiones externas periódicas del ejercicio presupuestal.
Martínez Vargas plantea, además, reformas a la Constitución del Estado de México para reconocer que la UAEMéx debe gobernarse a sí misma bajo principios de democracia, humanismo, legalidad, inclusión, equidad de género, justicia social, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas. Entre los fines institucionales que propone incorporar se encuentran impartir educación media superior y superior, desarrollar investigación científica y tecnológica y garantizar el acceso universal, libre y equitativo al conocimiento y la cultura.
El legislador también propone modificar la Ley de Educación estatal para establecer que cualquier iniciativa o reforma relacionada con las leyes orgánicas de universidades autónomas deba someterse previamente a una consulta libre e informada con sus comunidades y órganos de gobierno. El procedimiento incluiría la remisión formal de los proyectos a las rectorías, su difusión entre los sectores universitarios y la realización de foros, mesas temáticas u otros mecanismos de participación.
Al concluir la consulta, el máximo órgano colegiado de cada institución tendría que remitir al Congreso un dictamen fundado y motivado que refleje las opiniones, recomendaciones y observaciones recabadas. La propuesta busca garantizar que los procesos legislativos respeten la autonomía universitaria para definir sus planes y programas, establecer las condiciones de ingreso, promoción y permanencia del personal académico y administrar su patrimonio.
Expresa diputado solidaridad con madres buscadoras
En otro tema, Octavio Martínez Vargas manifestó su solidaridad con los colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas que mantienen un bloqueo en la autopista México-Toluca para exigir seguimiento a sus carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
El legislador reconoció las acciones emprendidas por los gobiernos federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y estatal, a cargo de Delfina Gómez Álvarez, para establecer programas y mecanismos destinados a la localización de personas desaparecidas. No obstante, expresó su respaldo a las familias que demandan avances en las investigaciones y atención a sus casos.
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