El Congreso del Estado de México aprobó una reforma al Código Civil estatal para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, al establecer que la autoridad judicial deberá decretar de oficio medidas para asegurar su pago, de acuerdo con las circunstancias de cada caso y la protección de este derecho.
El dictamen, avalado durante una sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, integró las iniciativas presentadas por la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule, de Morena, y la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coordinada por el legislador José Alberto Couttolenc Buentello.
La modificación busca garantizar que las personas acreedoras de alimentos reciban oportunamente los recursos necesarios para su desarrollo integral y bienestar, particularmente cuando dependen económicamente de quienes tienen la obligación legal de proporcionarlos.
Entre los cambios aprobados se encuentra la sustitución del término “juez” por “autoridad judicial”, además de facultar a esta instancia para determinar la garantía que considere suficiente para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Estas garantías podrán consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito, según las condiciones particulares del caso, con el objetivo de brindar mayor certeza sobre el cumplimiento de las pensiones y demás obligaciones correspondientes.
Al dar lectura al dictamen, la diputada Itzel Daniela Ballesteros agradeció el trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, así como la participación de los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PT, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD para alcanzar acuerdos en torno a la propuesta.
La legisladora también reconoció el trabajo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y señaló que el Poder Legislativo continuará impulsando medidas orientadas a atender las necesidades de las familias mexiquenses y fortalecer el acceso a la justicia social.
Por su parte, la diputada Miriam Silva Mata, del PVEM, afirmó que la reforma representa un avance en la protección judicial del derecho a recibir alimentos. Subrayó que esta obligación tiene carácter legal y que su cumplimiento resulta fundamental para garantizar los derechos de niñas, niños y demás personas que dependen de estos recursos.
Asimismo, llamó a las autoridades judiciales a actuar con responsabilidad al establecer las pensiones alimenticias y las garantías necesarias para asegurar su pago. Destacó que la justicia familiar requiere instituciones con preparación y experiencia, así como herramientas jurídicas que permitan aplicar las medidas correspondientes de manera efectiva.
Con esta reforma, el Congreso mexiquense busca reforzar los mecanismos legales para que las obligaciones alimentarias no dependan únicamente de la voluntad de la persona deudora y se garantice una mayor protección a quienes tienen derecho a recibirlas.
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