El Congreso del Estado de México aprobó que la Contraloría del Poder Legislativo asuma las funciones de autoridad garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, con el propósito de atender y resolver las solicitudes de información parlamentaria presentadas por la ciudadanía.
La propuesta, impulsada por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), también contempla la creación de la Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales, que estará adscrita a la Contraloría y proporcionará apoyo técnico, jurídico y administrativo para el cumplimiento de sus atribuciones.
Asimismo, se avaló transformar la actual Unidad de Información del Poder Legislativo en una Unidad de Transparencia, encargada de atender las solicitudes de información de las y los mexiquenses.
La iniciativa, presentada por el diputado Armando Navarrete López, de Morena, modifica la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, así como el Reglamento Interno de la Contraloría, además de expedir un nuevo Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Poder Legislativo.
Estos cambios responden a la reforma estatal de agosto de 2026, mediante la cual se decretó la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), se creó el órgano desconcentrado Transparencia Mexiquense y se determinó que la Contraloría legislativa asumiera la responsabilidad de garantizar el acceso a la información en el Congreso.
Con el nuevo marco normativo, la persona titular de la Contraloría ejercerá las funciones de autoridad garante y deberá proteger los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, bajo principios como legalidad, imparcialidad, gratuidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y transparencia.
La disposición también establece que todas las áreas del Poder Legislativo deberán respetar el derecho de las personas a buscar, investigar, solicitar, recibir y difundir información pública. Entre las instancias obligadas se encuentran la Directiva, la Diputación Permanente, la Jucopo, las comisiones y los comités, el Órgano Superior de Fiscalización, las secretarías, la Contraloría, la Dirección General de Comunicación Social, el Instituto de Estudios Legislativos y los grupos parlamentarios, entre otras.
Además, las personas servidoras públicas serán responsables de la información que generen, administren, manejen, archiven o conserven. Esta deberá permanecer disponible para la ciudadanía, excepto cuando esté legalmente clasificada como reservada o confidencial.
El reglamento establece obligaciones para publicar información de oficio y actualizarla periódicamente, así como facilitar mecanismos ágiles, sencillos y directos para que la población pueda consultarla. También actualiza la integración del Comité de Transparencia del Poder Legislativo, encargado de contribuir a garantizar el ejercicio de estos derechos.
En cuanto a los procedimientos, la normativa precisa que la Presidencia de la Jucopo nombrará a la persona titular de la Unidad de Transparencia y establece las vías para solicitar información pública, acceder a datos personales y pedir su corrección. Asimismo, contempla mecanismos de impugnación ante negativas de acceso, entregas parciales o declaraciones de inexistencia de documentos, además de medidas de apremio y sanciones para las personas servidoras públicas que incumplan las disposiciones.
Finalmente, faculta a las autoridades investigadoras y substanciadoras de la Contraloría para expedir copias certificadas de los documentos bajo su resguardo, siempre que se respeten las normas aplicables en materia de reserva, confidencialidad y protección de datos personales.
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