El diputado Javier Cruz Jaramillo, de Morena, presentó una iniciativa para regular la gestación subrogada altruista en el Estado de México, mediante modificaciones al Código Civil estatal que buscan garantizar el derecho a formar una familia, proteger la dignidad y autonomía de las mujeres gestantes y prevenir la explotación reproductiva.
La propuesta, expuesta durante una sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, establece que los procedimientos de reproducción humana asistida deberán realizarse mediante métodos científicamente reconocidos y contar con el consentimiento libre e informado de la persona a quien se practiquen.
El legislador señaló que la falta de disposiciones específicas en la entidad genera incertidumbre jurídica y obliga a recurrir a interpretaciones judiciales para resolver situaciones relacionadas con esta práctica. Por ello, afirmó que su iniciativa busca brindar certeza tanto a quienes desean formar una familia por razones biológicas o médicas como a las mujeres que deciden participar de manera solidaria en estos procesos.
El proyecto define la gestación subrogada altruista como el acuerdo mediante el cual una mujer acepta, de manera libre, voluntaria e informada, llevar un embarazo en favor de una persona o pareja solicitante, sin fines de lucro. La filiación de la persona nacida se determinaría conforme al acuerdo autorizado y a las disposiciones legales aplicables.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la prohibición de cualquier pago, remuneración, comisión, beneficio patrimonial o ganancia derivada de estos acuerdos. No obstante, contempla que los gastos médicos, hospitalarios, farmacéuticos, psicológicos, alimentarios y de transporte, así como otras erogaciones directamente relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio, no serán considerados contraprestaciones económicas.
En cuanto al procedimiento, los acuerdos deberán formalizarse por escrito, ratificarse ante notario público y presentarse ante la autoridad jurisdiccional para su aprobación mediante diligencias de jurisdicción voluntaria.
Antes de autorizar el acuerdo, la autoridad deberá verificar la capacidad jurídica de las partes, la existencia de un consentimiento libre, previo e informado y la ausencia de coacción, violencia o explotación. También tendrá que comprobar que las personas solicitantes cuenten con solvencia suficiente para cubrir los gastos derivados del embarazo, el parto y el puerperio, además de revisar que el documento otorgue certeza jurídica sobre la filiación de la persona por nacer.
La iniciativa establece que la aprobación deberá negarse cuando se detecten indicios de simulación, violencia, explotación reproductiva, trata de personas, lucro o cualquier otra circunstancia que vulnere los derechos humanos de las personas involucradas.
Asimismo, plantea que, una vez ocurrido el nacimiento y acreditado el cumplimiento de la resolución judicial, la autoridad jurisdiccional ordene al Registro Civil expedir el acta de nacimiento correspondiente, con la filiación determinada conforme al acuerdo previamente autorizado.
El proyecto subraya que todas las actuaciones deberán privilegiar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como la dignidad, autonomía y protección integral de la mujer gestante.
Como antecedente, la iniciativa cita la resolución emitida el 3 de febrero de 2026 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Criterios 159/2025, en la que se determinó que las diligencias de jurisdicción voluntaria constituyen una vía para supervisar judicialmente estos acuerdos y, en su caso, ordenar la expedición del acta de nacimiento.
Finalmente, la propuesta precisa que su alcance se limita a los efectos civiles y familiares de la gestación subrogada altruista, sin regular los procedimientos médicos o sanitarios de reproducción asistida. También plantea aprovechar los mecanismos judiciales existentes, sin necesidad de crear procedimientos especiales ni nuevas estructuras administrativas.
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