El diputado Valentín Martínez Castillo, integrante de Morena, propuso reformar la legislación estatal para eliminar el requisito que obliga a los padres de personas servidoras públicas mexiquenses fallecidas a comprobar que dependieron económicamente de ellas durante los cinco años previos a su muerte, como condición para recibir una pensión del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
La iniciativa fue presentada ante la LXII Legislatura del Estado de México y plantea modificar la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con el objetivo de eliminar esta condición cuando no existan otros beneficiarios con prioridad legal.
El legislador señaló que acreditar una dependencia económica sostenida durante cinco años puede resultar complicado para las familias, debido a que el apoyo de las personas servidoras públicas a sus padres no siempre queda registrado mediante documentos formales. Entre estas contribuciones se encuentran la compra de medicamentos, el pago de servicios, la ayuda para la alimentación y la entrega de dinero para cubrir gastos cotidianos.
Actualmente, la normativa reconoce a los padres como posibles beneficiarios de la pensión por fallecimiento, pero únicamente cuando no existen cónyuge, hijas, hijos, concubina o concubinario con derecho preferente, y siempre que se demuestre la dependencia económica durante el periodo establecido.
La legislación vigente contempla, en primer término, al cónyuge cuando no hay hijas o hijos, así como al cónyuge y a las hijas e hijos menores de edad. También considera a quienes, siendo mayores de edad, tengan alguna incapacidad física o mental que les impida trabajar, además de quienes tengan menos de 25 años y cursen estudios de nivel medio superior o superior en instituciones oficiales o reconocidas.
En ausencia de estos beneficiarios, la pensión puede otorgarse a la concubina o al concubinario, siempre que acrediten haber vivido con la persona fallecida durante los cinco años anteriores a su muerte y que ambos hayan permanecido libres de matrimonio. Para el concubinario, además, se contempla la acreditación de dependencia económica.
La propuesta busca modificar estas disposiciones para que, cuando los padres sean los beneficiarios conforme al orden legal, no tengan que demostrar dicha dependencia económica como condición para acceder a la pensión. Asimismo, la legislación prevé la posibilidad de otorgar este derecho a otros dependientes económicos, bajo los requisitos establecidos para esos casos.
Con esta iniciativa, Martínez Castillo plantea reducir las barreras administrativas que enfrentan las familias tras el fallecimiento de una persona servidora pública y fortalecer el enfoque de derechos humanos en el acceso a las prestaciones de seguridad social. La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para determinar su eventual aprobación.
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