El diputado Valentín Martínez Castillo, de Morena, impulsó el análisis de una iniciativa para establecer la obligación de que todos los municipios y alcaldías del país cuenten con su Atlas de Riesgos, una herramienta técnica que permite identificar amenazas naturales y antropogénicas, ubicar zonas vulnerables y orientar las acciones de prevención.
Durante una reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la LXII Legislatura mexiquense, el legislador destacó que estos documentos no eliminan los peligros, pero sí permiten anticiparlos y reducir las posibles consecuencias mediante una adecuada planeación.
Martínez Castillo advirtió que algunos municipios carecen de este instrumento, mientras que otros mantienen información que podría estar desactualizada debido a las transformaciones de sus territorios. Ante el diputado Javier Cruz Jaramillo, presidente de la comisión, y la legisladora Sandra Patricia Santos Rodríguez, ambos de Morena, señaló que las lluvias extraordinarias, inundaciones y deslaves muestran la importancia de identificar oportunamente los riesgos.
Entre las consecuencias de no contar con medidas preventivas mencionó la pérdida de vidas humanas, los daños a viviendas, el aislamiento de comunidades y la interrupción de servicios básicos. Por ello, subrayó que los atlas deben servir como referencia para la planeación urbana, el desarrollo de obras públicas y la implementación de medidas de protección civil.
El proyecto legislativo propone reformar la Constitución federal para establecer expresamente la obligación de los gobiernos municipales de elaborar sus respectivos atlas de riesgos, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).
Asimismo, plantea modificar la Ley General de Protección Civil para que el Cenapred supervise la elaboración de estos documentos y su incorporación al Sistema Nacional de Protección Civil. La propuesta establece que los gobiernos municipales deberán cumplir con este procedimiento durante los primeros 90 días naturales posteriores al inicio de cada administración.
También contempla que los atlas sean revisados y actualizados anualmente, a más tardar en marzo, con el propósito de mantener vigente la información sobre las condiciones de riesgo de cada territorio.
Para las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que no cuenten con este instrumento cuando entre en vigor el decreto, la iniciativa establece un plazo máximo de 90 días naturales para elaborarlo y presentarlo ante la autoridad estatal de protección civil, a fin de incorporarlo al sistema nacional.
El legislador, quien preside la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Congreso mexiquense, informó que también prepara una propuesta adicional relacionada con la elaboración, actualización, revisión y difusión de los atlas municipales de riesgos.
En caso de ser aprobada por el Pleno de la LXII Legislatura del Estado de México, la iniciativa será remitida al Congreso de la Unión para continuar con el procedimiento constitucional correspondiente.
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