Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron sus posicionamientos sobre el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, así como para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con el propósito de sancionar el reclutamiento forzado de personas.
Durante la sesión vespertina de este martes, las y los legisladores coincidieron en la importancia de fortalecer el marco jurídico para identificar, investigar y castigar esta práctica, que puede afectar a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, señaló que la ausencia de una tipificación específica no significa que el reclutamiento no exista, sino que ha prevalecido un vacío jurídico que dificulta su investigación y sanción.
Explicó que esta conducta puede llevarse a cabo mediante engaños, falsas ofertas laborales, amenazas, violencia, coacción o aprovechamiento de las condiciones de pobreza y marginación de determinadas comunidades.
Advirtió que, cuando no existe un tipo penal específico, los hechos pueden investigarse bajo figuras como trata de personas, corrupción de menores, secuestro, desaparición o delincuencia organizada. Esta situación, indicó, puede fragmentar los casos y dificultar el registro de las conductas de quienes captan, inducen o incorporan a personas a estructuras criminales.
Por el PAN, el diputado José Guillermo Anaya Llamas destacó que las redes sociales pueden convertirse en un medio para captar a jóvenes mediante ofertas de trabajo falsas, engaños o coacción.
Consideró que, además de retirar cuentas utilizadas con fines delictivos y detener a los responsables, es necesario contar con disposiciones legales que permitan perseguir a quienes reclutan y garantizar la protección integral de las víctimas.
El legislador afirmó que el dictamen representa un avance para fortalecer las herramientas jurídicas contra quienes manipulan o incorporan a menores de edad a organizaciones criminales. Asimismo, sostuvo que la atención a las víctimas no debe condicionarse a su participación en actividades delictivas derivadas del reclutamiento.
En tanto, la diputada Liliana Carbajal Méndez, del PVEM, señaló que la vulnerabilidad, el engaño, la intimidación y la violencia no deben convertirse en mecanismos para ampliar las estructuras de la delincuencia.
Subrayó la necesidad de impedir que niñas, niños y adolescentes sean utilizados por grupos criminales y pierdan su derecho a vivir en libertad. También consideró que la reforma permitiría reconocer jurídicamente esta conducta y cerrar espacios a la impunidad.
De acuerdo con lo expuesto durante la discusión, la propuesta establece penas de 10 a 20 años de prisión y multas de cinco mil a 50 mil días para quien reclute a una o más personas, mediante engaño o incluso sin él, con el propósito de incorporarlas a un grupo delictivo para realizar actividades criminales.
La discusión del dictamen se centró en la necesidad de contar con herramientas legales específicas para combatir el reclutamiento, establecer responsabilidades para quienes lo llevan a cabo y garantizar la asistencia y protección de las personas afectadas.
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