A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, expertos independientes de Naciones Unidas advirtieron que las respuestas adoptadas en nombre de la lucha contra el terrorismo han provocado graves afectaciones a los derechos humanos y llevado al derecho internacional “más allá de su punto de ruptura”.
En una declaración difundida con motivo del aniversario, alrededor de 30 relatores de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos rindieron homenaje a las casi 3 mil personas que murieron en Nueva York, Washington y Pensilvania, así como a sus familias y a las comunidades afectadas.
El secretario general de la ONU, António Guterres, también recordó a las víctimas, sobrevivientes y equipos de emergencia que acudieron a la zona cero tras el colapso de las Torres Gemelas. De acuerdo con el organismo, las víctimas provenían de Estados Unidos y de más de 90 países.
Los especialistas extendieron el reconocimiento a otras personas afectadas por atentados terroristas, pero también por respuestas antiterroristas consideradas excesivas y por conflictos desarrollados bajo el argumento de combatir el terrorismo.
La declaración advierte que durante este periodo se han registrado guerras de agresión, ocupaciones ilegales, crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de prácticas como asesinatos selectivos, tortura, secuestros transfronterizos, entregas extraordinarias, detenciones secretas y desapariciones forzadas.
Entre los casos señalados se encuentran también los juicios militares considerados injustos y la existencia de tribunales especiales, incluido el centro de detención de Guantánamo.
Los expertos alertaron que algunas de estas prácticas se han normalizado en determinados países mediante el uso político de leyes antiterroristas y disposiciones cada vez más amplias contra el llamado extremismo. A ello se suman detenciones arbitrarias, restricciones al debido proceso y la permanencia de medidas de emergencia que originalmente fueron concebidas como temporales.
La tecnología también ocupa un lugar central en las preocupaciones de los relatores. Drones, sistemas de vigilancia masiva, programas espía, herramientas biométricas e inteligencia artificial pueden facilitar violaciones a los derechos humanos, particularmente cuando se utilizan sistemas automatizados de armamento que dificultan determinar responsabilidades.
Por ello, los especialistas llamaron a las empresas tecnológicas a incorporar el respeto a los derechos humanos durante todo el ciclo de desarrollo y utilización de estas herramientas.
El impacto, señalaron, también se ha extendido a la sociedad civil. Organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, periodistas, académicos, artistas, ONG, minorías, pueblos indígenas, campesinos y migrantes han enfrentado medidas que pueden traducirse en acoso, intimidación, amenazas o silenciamiento.
La declaración sostiene que las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como al derecho de participación en los asuntos públicos, han reducido el espacio cívico en distintos países.
Los expertos también cuestionaron las regulaciones aplicadas a organizaciones sin fines de lucro mediante controles financieros, nuevos delitos, sanciones bancarias y medidas de cumplimiento excesivas, debido a que pueden obstaculizar la asistencia humanitaria en zonas de conflicto.
Asimismo, señalaron que las medidas antiterroristas han afectado de manera particular a grupos vulnerables, entre ellos niñas y niños, mujeres y personas identificadas o perfiladas por motivos religiosos, raciales o étnicos.
Otro de los principales señalamientos fue la falta de rendición de cuentas por abusos cometidos durante operaciones antiterroristas. Los relatores sostuvieron que la impunidad puede incrementar la inseguridad y contribuir a generar nuevas condiciones para el terrorismo.
Como ejemplo, la declaración menciona que la invasión de Irak de 2003 contribuyó posteriormente a la expansión del Estado Islámico, y advierte que las violaciones cometidas por los Estados no necesariamente eliminan el terrorismo y, en determinadas circunstancias, pueden favorecer su crecimiento.
Los especialistas plantearon además una contradicción: pese a que durante 25 años se han destinado billones de dólares a políticas de seguridad, el terrorismo continúa presente en más lugares que antes de los atentados del 11 de septiembre.
Ante este escenario, propusieron modificar el enfoque internacional y destinar mayores recursos a la prevención a largo plazo, la resolución de conflictos, la construcción de paz, la buena gobernanza, la inclusión política, el Estado de derecho, el desarrollo sostenible, la asistencia humanitaria y la protección de los derechos humanos.
Finalmente, los expertos solicitaron a los Estados revisar sus leyes y prácticas antiterroristas para garantizar su compatibilidad con el derecho internacional, crear mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas, y brindar protección y asistencia tanto a las víctimas del terrorismo como a quienes hayan sufrido violaciones derivadas de medidas antiterroristas ilegales.
Los relatores aclararon que sus opiniones son expresadas a título individual y no representan necesariamente la postura oficial de Naciones Unidas o de su Oficina de Derechos Humanos.
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